Aprobada por unanimidad una propuesta de CHA en apoyo a la línea ferroviaria internacional Pau-Canfranc-Zaragoza
ZARAGOZA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha aprobado por unanimidad una propuesta de resolución presentada por Ciudadanos (C's) que pide al Gobierno central flexibilizar las condiciones de aplicación del techo de gasto en los municipios saneados y que "han hecho sus deberes" en los años de crisis.
En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha aseverado que esta regla de gasto, "impuesta unilateralmente por el PP, cercena la capacidad inversora de la Diputación en los municipios" y ha opinado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "prefiere que tengamos el dinero en los bancos y amorticemos deuda, a que hagamos inversión".
En la institución provincial, "desde 2013 hemos perdido más de 20 millones de inversión por el techo de gasto", a pesar de que la DPZ dispone de "60 millones de ahorro neto, de un excedente presupuestario de 37 millones, una deuda de 14 millones" y su plazo medio de pago a proveedores es de 29 días.
De esta forma, "37 millones que tenemos en el banco podrían ir destinados a los municipios", pero por la necesidad de cumplir la Ley de estabilidad presupuestaria "no puede ser", ha lamentado, para exigir al Ejecutivo central que "derogue lo antes posible esa ley que nos coarta y limita la capacidad de inversión".
La propuesta de resolución sugiere que la aplicación del techo de gasto se condicione a una serie de medidas y no se aplique de forma lineal, sin tener en cuenta las características financieras y económicas de cada localidad.
Plantea que a la hora de fijar el techo de gasto se tenga en cuenta si las administraciones locales cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria, no superan los límites de endeudamiento, si tienen remanente positivo de tesorería, que su periodo medio de pago a proveedores no supera los 30 días del plazo máximo que establece la normativa y si disponen de un ahorro neto positivo.
También solicita que los consistorios puedan hacer unos presupuestos más reales y acordes a su capacidad de generar ingresos y emplaza a rechazar la regla del techo de gasto, tal y como está formulada actualmente, y ha instado al Gobierno central a que proponga a las Cortes Generales que modifiquen la Ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas, según ha defendido el diputado de este grupo, Mariano Marcén.
POR RESPONSABILIDAD
El portavoz del PP, Luis María Beamonte, ha recordado que "en más de una ocasión hemos mostrado nuestra disconformidad" con esta normativa, en el caso de administraciones que cumplen, pero ha alegado que se establecieron estas normas "por responsabilidad, porque si no venía el rescate".
Según Beamonte, "la regla de gasto en sí es buena" para que las administraciones no caigan en "viejos vicios" y suprimirla sería "una temeridad absoluta", pero ha coincidido en que se puede flexibilizar su aplicación en administraciones "que han hechos los deberes".
El portavoz de En Común, José Ángel Miramón, ha observado que el techo de gasto es fruto de un acuerdo entre PP y PSOE que tomaron "sin encomendarse a nadie". Ha sentenciado que el principio de estabilidad presupuestaria "reforzó la supremacía de los mercados" por encima de los intereses de los ciudadanos y ha apuntado que "nuestra propuesta sería derogar el artículo 135 de la Constitución entero".
El diputado de CHA, Bizén Fuster, ha apreciado que la norma "perjudica de forma muy clara" a las administraciones que se encuentran saneadas y ha lamentado que la única reforma "de importancia" que ha experimentado la Constitución desde 1978 sea la modificación de artículo 135 que se realizó "sin consenso, con alevosía y casi con nocturnidad".
El portavoz del PAR, José Antonio Sanmiguel, ha comentado que "todos los que estamos en las administraciones locales padecemos en buena medida estas limitaciones que nos impone la ley" y ha estimado que "no es justa" la aplicación de esta norma en unos ayuntamientos "que son muy cumplidores".
CANFRANC
Por otra parte, el pleno ha aprobado por unanimidad una propuesta de CHA para que la DPZ suscriba la declaración conjunta realizada por administraciones y entidades económicas y sociales para expresar su apoyo a la línea ferroviaria internacional Pau-Canfranc-Zaragoza.
Juan Antonio Sánchez Quero ha subrayado que la reapertura del Canfranc es "una reivindicación histórica de los aragoneses" y "podrá suponer un motor de desarrollo" y una herramienta que favorezca la vertebración del territorio, por lo que la DPZ se sumará al acuerdo firmado el pasado 27 de enero por las administraciones, agentes económicos y sociales de la Comunidad.
El portavoz de CHA, Bizén Fuster, ha remarcado que es un proyecto "necesario, vertebrador, sostenible y rentable" dado que aprovecha la infraestructura ya existente. Todos los grupos han expresado su apoyo a la propuesta y En Común ha aprovechado para reiterar su rechazo a la Travesía Central del Pirineo y desear que el actual consejero aragonés de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro (CHA), logre de Europa los fondos suficientes para la reapertura de la línea.
LOS 8 DE YESA
Asimismo, el pleno ha aceptado una propuesta de En Común, con el voto a favor de PSOE y CHA, en contra de PP y PAR y la abstención de C's, en apoyo a 'los 8 de Yesa', que participaron en una protesta pacífica contra la expropiación de terrenos en Artieda para la construcción del embalse, y para solicitar la modificación del artículo 315 del Código Penal, que determina el delito de coacciones a la huelga.
En este sentido, Sánchez Quero ha dicho que el artículo 315 del Código Penal "nos parece una barbaridad" y el PSOE ya ha exigido su derogación. Ahora, con un parlamento con una mayoría de izquierdas, "entendemos que no habrá ningún problema" para conseguirlo.
El presidente ha comentado que "ahora son los 8 de Yesa pero ayer mismo fueron los 8 de Airbus, nos parece una barbaridad que se coarte la libertad de expresión, de huelga y de discrepar y exigimos al Gobierno que derogue este artículo", al tiempo que ha expresado su solidaridad con los 300 sindicalistas que están siendo juzgados por esta causa.
Miramón (En Común) ha señalado que en la protesta en Artieda, en 2012, los manifestantes se encontraban sentados en el suelo, pero la Guardia Civil cargó contra ellos de forma "brutal" y ocho personas recibieron una notificación del juzgado en la que se solicitaba hasta 36 años de prisión y multas de 22.000 euros por asistir a este acto, algo "totalmente desproporcionado".
Para Miramón, el Gobierno del PP intenta "desanimar a la gente" para que no participe en huelgas y "debilitar a los sindicatos", mientras que existen "1.700 casos y 500 imputados o investigados por corrupción y solo hay 20 encarcelados. Qué difícil es meter a estos en prisión y que fácil a los otros", ha dicho irónico.
JUBILACIÓN DE LA SECRETARIA
En otro orden de cosas, el presidente de la DPZ y todos los portavoces han expresado su reconocimiento por la labor que ha ejercido la secretaria general de la Diputación, Carmen Crespo, en su cargo y le han deseado "lo mejor" en su jubilación.
Carmen Crespo ha recordado que ha trabajado en la DPZ durante 20 años, y otros 16 en la Diputación de Huesca, y ha defendido el papel de estas instituciones "muy queridas para mí". "Estoy convencida de la utilidad de su existencia", aunque puedan reformarse, ha manifestado, al agradecer a todos los presidentes de la DPZ y grupos su "respeto y colaboración".
"He tenido siempre total libertad en el ejercicio profesional", ha resaltado, para expresar de nuevo su agradecimiento a todos los diputados que han despedido a la secretaria general entre aplausos.
