ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, y el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, han suscrito este miércoles un convenio de colaboración para el suministro telemático de información relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de pago de deudas con la Comunidad autónoma, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Gimeno ha indicado que este acuerdo está "abierto a todas las diputaciones" y trata de que los recursos sean "mejor utilizados", agilizando los procedimientos, al mismo tiempo que las instituciones provinciales "asumen junto a la Comunidad mayores responsabilidades".
En su opinión, las corporaciones provinciales desarrollan un trabajo "muy competente" y, por ello, "queremos extender" la colaboración con el Ejecutivo autonómico "a otros ámbitos".
El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha agradecido la predisposición del consejero a la hora de suscribir este convenio que "agilizará la gestión", ha resaltado.
Sánchez Quero ha recordado que la legislación vigente "obliga a estar al corriente de las obligaciones tributarias" a la hora de beneficiarse de una subvención, un trámite que comprobará la DPZ beneficiando así a los consistorios y a los ciudadanos de la provincia.
Tras recordar que hace una semana "firmamos un convenio para la extensión de la banda ancha", Sánchez Quero ha subrayado que el Ejecutivo autonómico está apostando por las diputaciones provinciales "en un momento en que están muy cuestionadas".
El presidente de la DPZ ha remarcado el trabajo que realizan estas instituciones por la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación. "Estos acuerdos nos dan más ánimo" para continuar esta labor, ha afirmado.
COLABORAR CON LA DPZ
Este acuerdo recibió el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado 26 de julio, sin que suponga aportación económica alguna con cargo al Presupuesto de la Comunidad. La cesión de información procedente de la Administración Tributaria de la Comunidad tendrá como finalidad exclusiva colaborar con la DPZ en el desarrollo de sus funciones cuando, para ello, se requiera acreditar estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y otras deudas.
En particular, esta información se proporcionará para los procedimientos de concesión de subvenciones y de contratación pública por parte de la DPZ. El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre y se renovará automáticamente por periodos anuales salvo denuncia expresa de una de las partes.
Las disposiciones del acuerdo son de aplicación desde este miércoles para los procedimientos de concesión de subvenciones de la DPZ a los ayuntamientos de la provincia, a entidades públicas o privadas y a los particulares que realicen actividades de interés público, conforme a lo establecido en la Ley de Subvenciones de Aragón.
En la medida en que la DPZ pueda disponer de la información necesaria para la acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y carecer de deudas con la Comunidad, no se exigirá a los interesados en las subvenciones o contratos públicos que aporten individualmente certificados expedidos por el Gobierno de Aragón.
CONTROLES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Los datos cedidos por el Gobierno de Aragón sólo podrán ser utilizados por los órganos administrativos de la Diputación Provincial y por los organismos o entidades de derecho público dependientes de la misma que ejerzan las funciones o instruyan los procedimientos de subvenciones o contrataciones públicas previstas.
Tanto la solicitud como la entrega de información se realizarán por medios informáticos o telemáticos conforme a un protocolo técnico anexo al convenio, donde se estipulan los correspondientes controles sobre los accesos, la custodia y la utilización de dicha información según las normativas vigentes de protección de datos.
Las autoridades, funcionarios y resto de personal que tengan conocimiento de los datos e información suministrados en virtud a este convenio están obligados al más estricto y completo sigilo al respecto. En ningún caso se generarán derechos ni expectativas de tales a favor de los interesados o afectados por la información suministrada ni se interrumpirá la prescripción de los derechos u obligaciones existentes.
Una comisión mixta de coordinación y seguimiento supervisará y controlará la ejecución de este convenio, en cuya firma han participado también el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, y la interventora general, Ana Gómez.
