Gobierno y 7 entidades financieras crean una línea de préstamos y avales de 808 millones para compra de vivienda libre

 

Gobierno y 7 entidades financieras crean una línea de préstamos y avales de 808 millones para compra de vivienda libre

Actualizado 16/07/2009 16:12:38 CET

ZARAGOZA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón firmó hoy convenios de colaboración con siete entidades financieras para crear una línea de préstamos y avales por valor de 808,9 millones de euros destinada a favorecer la compra de vivienda libre.

El convenio fue suscrito por el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno aragonés, Alfonso Vicente, y por responsables de Ibercaja, Banco Español de Crédito, Caja Inmaculada, Multicaja, Cajalón, Caja Rural de Teruel y Caja Mediterráneo.

El presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, asistió a la firma y recalcó que el objetivo de esta medida, incluida dentro de las desarrolladas por el Ejecutivo ante la crisis económica, es "reactivar" el mercado de la vivienda libre, "que en estos momentos es el que tiene más dificultades", y favorecer el derecho de los ciudadanos al acceso a una vivienda.

Iglesias estimó que "ahora es el momento" de comprar una vivienda libre, que, gracias al acuerdo suscrito hoy, se puede adquirir con "garantías y ventajas", por lo que deseó que esta actuación sirva para transmitir un "mensaje de confianza" a toda la ciudadanía. Según señaló, la línea creada permitirá la compra de unas 4.000 viviendas.

El director general de Ibercaja, José Luis Aguirre, aseguró que los convenios suscritos hoy van a permitir "un rápido y más cómodo acceso a la vivienda" y responden a los "esfuerzos" de los firmantes para que se produzca "un relanzamiento de la demanda y su encuentro con la oferta".

Al respecto, precisó que el stock de vivienda libre en el mercado aragonés se encuentra en cifras "razonables" y comentó que los promotores "están definiendo una nueva línea de precios asequibles a la gran mayoría de los ciudadanos".

PLAN ESPECIAL

Los convenios suscritos entre el Gobierno de Aragón y las siete entidades financieras se integran en el denominado Plan Especial de Dinamización del sector de la vivienda, que contempla, como medida principal, la concesión de avales por parte del Gobierno de Aragón a los compradores de una vivienda garantizada.

Estas últimas serán aquellas viviendas libres que se acerquen a los precios de las viviendas protegidas, es decir, que haya sufrido un descenso de precio de entre el 25 y el 35 por ciento. Han de tener como destino la residencia habitual y permanente y no han de superar los 90 metros cuadrados útiles.

Estas viviendas recibirán un tratamiento especial. Así, una vez declarada la vivienda como 'garantizada' se podrá obtener un aval por parte del Gobierno de Aragón por un importe no superior al diez por ciento del precio de venta y por un plazo máximo de diez años.

También se podrá realizar una subsidiación de los préstamos convenidos, siempre y cuando que los ingresos familiares no superen unos ingresos de 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, entre 35.000 y 45.000 euros.

El Gobierno de Aragón pretende con esta medida que el esfuerzo máximo que hagan las familias para adquirir una vivienda garantizada no supere el 35 por ciento de su renta disponible.

El tipo de interés no podrá ser superior al vigente al euribor más 0,65, de manera que, con el euribor actual, el tipo aplicable quedaría por debajo del tres por ciento. El plazo de amortización no podrá ser superior a los 35 años, salvo acuerdo entre la entidad y el prestatario.

El punto de partida para determinar los precios máximos de las viviendas garantizadas es el precio máximo de la vivienda usada establecido en el Plan Aragonés de Vivienda 2009-2012, es decir, 2.183 euros el metro cuadrado en los ámbitos del Grupo B (Zaragoza capital y algunos núcleos turísticos de la provincia de Huesca) y 1.773 en los ámbitos del Grupo C (resto de poblaciones).

A partir de este punto de partida, el precio del metro cuadrado se incrementará un 0,5 por ciento por cada metro cuadrado que se reduzca la superficie de la vivienda, con objeto de ajustar el precio de la vivienda garantizada a la dinámica habitual del mercado de la vivienda.

OTRAS CONDICIONES

Las viviendas garantizadas deberán haberse construido con licencias obtenidas después del 1 de enero de 2006 y no deben haber sido objeto de una primera transmisión antes de la entrada en vigor de este Decreto-Ley de Dinamización.

También cabe la posibilidad de que adquieran esta denominación las viviendas libres para residencia habitual y permanente de unidades familiares que hayan adquirido otra vivienda como residencia habitual y permanente después del 1 de enero de 2006 y antes de la entrada en vigor de este Decreto-Ley, siempre que el producto de la venta de la primera sirva para reinvertirlo en la compra de la segunda.

Tendrán también esta consideración las viviendas protegidas que hayan sido adquiridas durante la vigencia del Decreto-ley, lo que permitirá a sus adquirentes beneficiarse del aval prestado por el Gobierno de Aragón mejorando así su acceso al crédito.

Los adquirientes o arrendatarios con opción de compra de estas viviendas han de estar inscritos en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida de Aragón 'TOC TOC' y los ingresos de la unidad de convivencia no deben superar las 6,5 veces el IPREM, es decir, entre 50.500 y 65.000 euros de renta bruta en función de que haya uno o más miembros.

FONDOS

Los fondos con los que las entidades financieras van a respaldar la línea de préstamos y avales son 227.614.547 euros Ibercaja; 130.878.364 euros el Banco Español de Crédito; 56.903.636 euros, la Caja de Ahorros de la Inmaculada; 22.761.454 euros, Multicaja; 22.761.454 euros, Cajalón; 22.761.454 euros, la Caja Rural de Teruel; y 1.707.109 euros, la Caja Mediterráneo.

Estas cantidades suman 483.680.910, el 60 por ciento de los 808,9 millones de euros. El 40 por ciento restante --323.592,015 euros--, quedan como reserva de eficacia a disposición de las entidades que agoten los recursos que inicialmente les han sido asignados.


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