IU enmienda la ley de Integridad y Ética Pública para mejorar control y transparencia

Publicado 10/05/2016 19:14:38CET

ZARAGOZA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha presentado 49 enmiendas al proyecto de ley de Integridad y Ética Pública presentado por el Gobierno de Aragón en las Cortes autonómicas con el objetivo de "mejorar el control y la transparencia".

En una nota de prensa, IU ha precisado que esta norma será la primera ley en la Comunidad que prevea sanciones para los casos de mala gestión del dinero público cuya gravedad no requiera la aplicación del Código Penal, aumentado las exigencias a los cargos públicos.

Junto a la mejora de la transparencia y el control, otro de los objetivos de las enmiendas registradas por IU este martes, último día habilitado para presentarlas, es que en las contrataciones "se pueda participar en la evaluación, así como en cualquier momento del proceso, no solo al comienzo de la tramitación".

IU también propone que los lobbies que no estén previamente registrados "no puedan entrar en contacto" con las personas que conformen la Agencia de Integridad y Ética pública, que, además, "deberán ser de reconocido prestigio en los temas relacionados con el objeto de esta ley".

Por otra parte, esta formación ha señalado que no está de acuerdo con el proyecto de ley en lo que hace referencia a que cualquier funcionario pueda ejercer funciones de control, sino que estas "deben ejercerlas solo el director o los subdirectores" y tampoco comparte el artículo relativo a "regalos", para reclamar que ningún cargo pueda recibir obsequios.

DENUNCIAS

IU también aboga por que cualquier persona pueda denunciar y sea posible realizarlo de forma anónima. Igualmente, apuesta por que las personas que hayan sido sancionadas por la comisión de infracciones muy graves no puedan volver a ser nombradas como miembros del Gobierno o alto cargo de la Administración autonómica.

Esta formación añade mediante sus enmiendas una disposición adicional con el objetivo de lograr la protección y recuperación de caudales públicos.

En concreto, propone que cuando la ley prescriba en los procesos penales que se sigan por delitos contra las Administraciones públicas y se halle comparecida la Administración autonómica como acusación no se pueda alcanzar un acuerdo sobre responsabilidad civil derivada del delito en ninguna fase procesal sin previa autorización de las Cortes aragonesas.


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