La Junta Consultiva de Contratación decidirá si las contratas pueden variar condiciones de trabajadores

 

La Junta Consultiva de Contratación decidirá si las contratas pueden variar condiciones de trabajadores

Actualizado 05/06/2014 14:18:44 CET

ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos del PSOE, CHA e IU y la abstención del PP, una moción defendida por el concejal del grupo de IU, Raúl Ariza, a la que se ha incorporado una transacción del PSOE, propuesta por el vicealcalde, Fernando Gimeno, para que sea la Junta Consultiva de Contratación del Gobierno de Aragón la que decida si las empresas pueden modificar las condiciones contractuales de los trabajadores de las contratas del consistorio.

El Ayuntamiento se tendrá que dirigir en una semana a dicho órgano autonómico y, en cuanto se obtenga la respuesta, se dará traslado a los servicios municipales de contratación para su aplicación inmediata, ha remachado Ariza y Gimeno ha aceptado.

El concejal del grupo municipal de IU ha defendido que no solo se apliquen criterios economicistas, sino de respeto a los derechos de los trabajadores. "Proponemos incluir condiciones en todos los pliegos próximos para que las empresas adjudicatarias no hagan recaer la rebaja de la oferta de la licitación en la calidad del servicio y los derechos de los trabajadores", ha sintetizado.

El concejal del grupo municipal de CHA, Carmelo Asensio, ha coincidido con IU en evitar modificaciones contractuales de los trabajadores por parte de las empresas adjudicatarias de contratas. "Aunque se quede corta, la apoyamos porque es avanzar en la garantía de derechos de los trabajadores de las contratas", ha apuntado.

El vicealcalde ha propuesto a IU incluir la enmienda transaccional de que sea la Junta Consultiva de la Contratación la que decida el poder incluir determinadas cláusulas, como las de la moción de IU, porque "podría ocurrir que hubiera una interpretación distinta" y ha recordado que las competencias las tiene la citada Junta, "igual que los juzgados".

MARKETING

La concejal del grupo municipal del PP, María Jesús Martínez del Campo, ha pedido a IU que se dirija al Gobierno de Zaragoza para que no dote insuficientemente las licitaciones y pague en tiempo. A su parecer, "es una moción de marketing porque la presentan después de apoyar la reducción de horas de las contratas de limpieza de los edificios municipales, que supone menos sueldo al recortar tiempo de trabajo, o la contrata del mantenimiento de fuentes ornamentales, que de 22 pasó a 13 trabajadores", ha citado.

Para la concejal del PP, "es una moción ilegal, pero quería quedar de bueno ante el Observatorio Municipal de la Contratación" y ha recordado a Ariza que "son los técnicos municipales los que firman los pliegos y son ellos los que plantean esas cláusulas sociales porque los concejales somos interinos".

Ariza le ha dicho a Martínez del Campo que "vienen a lamer las botas a los empresarios, a defender los intereses de una casta" y ante los ejemplos que ha expuesto la 'popular' le ha preguntado si quería decir que "los funcionarios han hecho algo ilegal".

Anteriormente al debate, ha intervenido el coordinador local de UPyD, Javier Puy, quien ha dicho que este tipo de medidas supondría que solo las grandes empresas "podrían aspirar a las contratas y no se puede dejar en manos de los trabajadores la prórroga de contratas".

En su opinión, "no hay que mezclar conceptos entre prórroga y acuerdos entre trabajadores y empresas" y ha estimado que el problema radica en la "nefasta" reforma laboral del PP que "ha permitido rebajar los costes por despido de trabajadores y sustituirlos por otros menos costosos y temporales".

Finalmente, ha pedido buscar alternativas "sin poner en cuestión la libertad de mercado y no hacer declaraciones de insumisión que cuestan mucho a las arcas municipales".

TRANSPORTE

Por otro lado, PSOE, CHA e IU han rechazado una moción del grupo municipal del PP en la que se pedía que el Gobierno de la ciudad iniciara en 15 días los trámites para la creación de una línea de transporte público regular de viajeros entre Zaragoza y Plaza, encomendando la gestión al Consorcio Metropolitano de Transportes y sin que supusiera la asunción del déficit por parte del consistorio.

Asimismo, se instaba al Gobierno de la ciudad a elaborar un plan que, de forma gradual, aportara soluciones el transporte público al resto de polígonos y parques industriales, al que destinaría el capital liberado por no tener que asumir el déficit del transporte público a Plaza.


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