ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Modesto Lobón, se ha dirigido este martes, 19 de agosto, por escrito al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Dacian Ciolos, con una carta en la que le recuerda las propuestas adoptadas en las reuniones mantenidas con el sector para paliar la crisis producida por el veto ruso a la entrada en ese país de melocotones, nectarinas y paraguayos.
La carta recoge cuatros aspectos fundamentales. Por un lado, reclama que las actuaciones excepcionales que se han de poner en marcha deben financiarse al cien por cien con cargo a los Fondos de Crisis de la nueva PAC, quedando al margen los Fondos de la OMC del sector, ha informado el Departamento de Agricultura aragonés en una nota de prensa.
Además, pide incrementar el porcentaje de retirada por encima del 10 por ciento anunciado el 11 de agosto, debiendo llegar al 30 por ciento. Estas retiradas deben tener habilitado cualquier destino, bien sea a distribución gratuita a entidades benéficas o a biodegradación ya que "los volúmenes sin posibilidad de comercialización son tan elevados que hacen imposible su destino completo a distribución gratuita".
En tercer lugar, reclama que el precio de retirada para melocotón y nectarina, con independencia del destino, debe ser de 26,9 euros los 100 kilos. "Solo así se asegura que el productor perciba el coste de la producción, lo que parece lógico dado que el problema creado es completamente ajeno a la actividad del sector", han indicado las mismas fuentes.
REGLAMENTO
Finalmente, la carta señala que "urge la elaboración, al ser posible en los próximos días, del Reglamento de detalle de aplicación de las medidas excepcionales que se adopten".
El consejero Lobón ha trasmitido al comisario que la crisis provocada por el veto ruso es "muy grave", como "grave" es también su incidencia en Aragón ya que en la Comunidad autónoma se producirán esta campaña más de 400 millones de kilos y el veto afecta a 83. La carta ha sido remitida a Bruselas con el conocimiento de la ministra española del ramo, Isabel García Tejerina.
