ZARAGOZA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes, 27 de septiembre, el decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2016 en el ámbito del personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud (Salud), con un total de 807 plazas.
De la oferta total, 566 se corresponden con la tasa de reposición legalmente establecida, de las que 508 son de acceso libre, 54 se reservan para ser cubiertas por el turno de discapacidad --en un grado igual o superior al 33 por ciento-- y 4 plazas para atender el cupo de quienes se encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley de medidas a favor de las víctimas del terrorismo.
Otras 241 plazas son de promoción interna, reservadas para el personal estatutario de plantilla. El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de una "oferta importante", aunque ha reconocido que los "condicionantes legales" impiden que sea "mucho más ambiciosa", según "se había hablado con los sindicados".
Guillén ha aclarado que le Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016 "dificulta" sacar más plazas, si bien el Gobierno de Aragón "está trabajando en estos momentos en buscar fórmulas legales que posibiliten que, en el más breve espacio posible de tiempo, pudiéramos dar respuesta a esos compromisos con los sindicatos".
El consejero ha subrayado el "esfuerzo" del Ejecutivo por aprobar una oferta "que no es baladí", con "un número de plazas importante" a pesar de la "situación económica tan difícil, con unos Presupuestos tan ajustados, con unas exigencias tanto del Gobierno de Bruselas, como del Gobierno de la nación de contención del déficit".
Igualmente, ha deseado que "que en un breve espacio de tiempo haya noticias satisfactorias, fundamentalmente a los profesionales de la sanidad".
BAREMOS COMUNES
Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este martes a los baremos comunes para retribuir la formación de los empleados públicos, simplificando la anterior regulación "dispersa y compleja", mediante la revisión del Plan de Racionalización del Gasto Corriente, "unificando y ajustando las tarifas de las actividades docentes presenciales y online", han indicado desde el Ejecutivo de la Comunidad.
El acuerdo afecta a los cursos abiertos a 52.000 trabajadores de sanidad, educación, justicia y Administración General de la Comunidad Autónoma. De esta forma, se sustituye la anterior regulación, unificando los criterios y las tarifas aplicables a las actividades docentes que se imparten desde el Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) o desde ámbitos específicos, como el educativo, el sanitario y el deportivo, tanto de forma presencial, como online.
Así, se dejan sin efecto siete disposiciones normativas sectoriales anteriores y mantiene retribuciones especiales sólo en ámbitos donde resulta imprescindible.
Asimismo, a partir de ahora se distinguen tres baremos: el primero para formación presencial retribuida en la Administración General, Justicia, centros sanitarios y enseñanza no universitaria; el segundo para las mismas actividades pero online --incluidos como en el anterior los organismos autónomos--; y el tercero específico para determinadas actividades de formación en el ámbito de la actividad físico-deportiva a través de la Escuela Aragonesa del Deporte.
Todo esto permitirá disminuir el coste de las acciones formativas y ampliar el número de alumnos con el mismo presupuesto "a la vez que se mantiene la calidad de la formación", han sostenido desde el Ejecutivo, para apuntar que "se unifica la variedad existente de retribuciones para las acciones formativas dependiendo del grupo al que va dirigida la formación y se fija en 95 euros por hora lectiva la cantidad única para todos ellos".
Igualmente, "se aumenta el rendimiento especialmente de los fondos destinados a teleformación". En este sentido, las labores de tutoría se retribuirán con un importe máximo de 2,5 euros por cada hora y alumno y los cursos se podrán retribuir hasta un importe máximo de 2.400 euros al año, frente al acuerdo anterior por el que las tutorías se retribuían entre 1,7 y 3,4 euros por hora y alumno y sin ningún tope para la autorización de las acciones formativas.
