Olona defiende desechar el modelo concesional en la construcción de depuradoras para evitar "que nos arruine"

El consejero Joaquín Olona
EUROPA PRESS
Publicado 09/07/2018 17:46:23CET

Gimeno reconoce que Zaragoza no ratificó el acuerdo para aplicar el canon de saneamiento --actual ICA-- porque 2015 era año electoral

ZARAGOZA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha dicho que el cumplimiento de la directiva europea en depuración de aguas "es muy alto" en la Comunidad, pero "queda por hacer lo más caro", pequeñas depuradoras que estaba previsto construir con un modelo concesional que ha desechado para que "ese mínimo que nos queda por hacer no nos arruine".

Según ha esgrimido, el coste de construir esas depuradoras con el modelo concesional previsto "hubiera sido absolutamente desproporcionado", además de contemplar "obras inviables técnicamente". Así lo ha señalado durante su intervención en las Cortes autonómicas ante la Comisión parlamentaria de investigación sobre el saneamiento y depuración de aguas en Aragón.

Olona ha dicho que el 92 por ciento de la población aragonesa que vive en aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes cumple la exigencia de depuración y todas las que vierten a zonas sensibles, mientras que su objetivo es hacer "lo antes posible" las depuradoras que faltan.

Ha agregado, ante el incumplimiento de la normativa europea en esta materia, que existen argumentos para esgrimir ante la UE sobre "por qué determinadas cosas no se han podido hacer", ya que Europa "no pide a ninguna región, ni gobierno que arruine a su población" con obras "sobredimensionadas".

El consejero ha indicado que está en tramitación la rescindir de los contratos de las cuatro zonas que suponen el Plan Pirineos --que planteaba construir 300 depuradoras--, mientras que cuando llegó al Gobierno paralizó las concesiones de los otros contratos que todavía estaban en trámite de licitación y que contemplaban unas depuradores que finalmente se van a construir mediante ejecución directa a través del Instituto Aragonés del Agua (IAA).

Según ha detallado, la depuradora de Castelserás está finalizada "y entrará en funcionamiento en breve", las de Calaceite y Maella están construyéndose, las de Mas de las Matas, Castellote y Mazaleón se encuentran "a punto de licitarse" y se realizarán en 2019 las de Aguaviva, Nonaspe, Valdealgorfa, Cantavieja y La Iglesuela del Cid, cuyos proyectos ya se han redactado por el Instituto Aragonés del Agua.

13,8 MILLONES

Olona ha informado de que el Gobierno de Aragón ha destinado esta legislatura 13,8 millones de euros para saneamiento y depuración dentro de su modelo de intervención a través de la ejecución directa u otorgando subvenciones del 95 por ciento de la obra a los municipios que opten por hacer su depuradora.

En concreto, se han destinado cinco millones de euros en subvenciones por competencia concurrencia competitiva en 2017 y 4,4 millones en 2018 de esos 13,8 millones, "y el resto fundamentalmente ha estado dedicado a ejecución directa" por parte del Instituto, mientras que la subvención directa ha de ser "excepcional".

Olona ha explicado que "tratamos de que sean los ayuntamientos los que actúen" porque "las soluciones locales son más eficaces y eficientes, pero si los municipios consideran que no es lo adecuado, tienen la posibilidad de hacer las depuradores a través del Instituto Aragonés del Agua".

INTERÉS GENERAL

La responsable del Instituto Aragonés del Agua, Inés Torralba, también ha intervenido en la comisión y se ha referido al convenio suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de la Comunidad en 2008, que contemplaba financiación para las depuradoras consideradas de interés general, entre otras cosas.

A su entender, en ese caso la asignación económica debería haberse destinado para ejecutar esas obras "sí o sí", pero "la fórmula del convenio no permitía aplicar la financiación directamente", sino que "se le asignaba a la Comunidad".

Además, ha considerado un "error" de ambas Administraciones -- estatal y autonómica-- que aceptaran que esa encomienda de gestión del Gobierno central al de Aragón permitiera utilizar el modelo concesional y que con el paso de los años, y al ver que esas obras no se hacían, "no haya habido capacidad para reaccionar al ver que no estaba funcionando".

En este punto, ha indicado que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en las comisiones de seguimiento del convenio "no puso de manifiesto ningún obstáculo a que no se estuvieran ejecutando" esas obras.

Además, se ha referido a las multas impuestas por la CHE a los municipios que vierten sus aguas sin tratar cuando se refiere a depuradoras que son obras de interés general y ha recordado el llamamiento realizado desde el ministerio y el Gobierno de Aragón para que se les remita el procedimiento sancionador como diligencia previa y no se inicie el procedimiento sancionador "porque no hay culpabilidad" del municipio.

Respecto a las sanciones ya formuladas, la directora del IAA ha indicado que "en algún caso nos han reclamado responsabilidad patrimonial y tenemos expedientes en trámite" puesto que en ese convenio firmado en 2008 el Gobierno de Aragón se comprometía a construir esas depuradoras.

PROPORCIONADAS

El presidente de la CHE, Raimundo Lafuente, también ha comparecido ante la comisión y se ha referido a esta cuestión para apuntar que "las sanciones han sido proporcionadas" y suponen "dos o tres euros por habitante", para aclarar que, según la ley de Aguas, el responsable "es quien realiza el vertido", en este caso los municipios.

Por lo que se refiere al convenio suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón en 2008, ha comentado que finalizaba el 31 de diciembre de 2017, pero se solicitó una ampliación de dos años "con la idea de hacer una modificación".

Ha detallado que en ella trabajan desde la dirección general del Agua y el Gobierno de Aragón, y "entiendo que es para facilitar el cumplimiento".

INCORPORACIÓN DE ZARAGOZA

El actual consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, también ha intervenido en la comisión, en su caso, como exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza y se ha referido al acuerdo alcanzado en 2012 con el Ejecutivo autonómico para aplicar el canon de saneamiento, actual Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA).

Ese acuerdo no llegó a ratificarse por parte del consistorio porque 2015 era año electoral, ha reconocido Gimeno, que ha explicado que ese año se debía gestionar la incorporación de la capital aragonesa al ICA para que fuera efectiva a partir del 1 de enero de 2016.

En concreto, el acuerdo de 2012 suponía que Zaragoza comenzaba a pagar al canon de saneamiento en 2016 y aportaba diez millones de euros al Instituto Aragonés del Agua y que este último concluía actuaciones pendientes para la depuración integral en el municipio zaragozano.

Esto se plasmaba en un convenio que el Ayuntamiento de la capital aragonesa "no suscribió por razones políticas", "aunque era favorable al consistorio" porque "nadie quería poner en marcha un impuesto en la ciudad de Zaragoza en un año electoral", que "significaba duplicar lo que pagaban los zaragozanos".

A su entender, "lo adecuado hubiera sido haber firmado después de mayo ese convenio", mes en el que tuvieron lugar las elecciones, y ha esgrimido que ahora también se podría suscribir, ya que "los diez millones de euros están provisionados en las empresas municipales", el Gobierno de Aragón "ya está cobrando el impuesto y sería más inversión para la ciudad".

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