Es una de las tres medidas que recoge el informe de la UZ que propone cambiar el reglamento de la sociedades y transformarlas en EPEs
El Gobierno central podría recurrir la Ley de capitalidad ante el TC porque su interpretación no puede desplazar leyes de rango superior
ZARAGOZA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza, --PP, PSOE, CHA y Ciudadanos-- han acordado llevar a cabo las propuestas recogidas en un informe elaborado por catedráticos de la Universidad de Zaragoza (UZ) tras el cambio en la composición de los consejos de administración de las sociedades municipales, como suspender las partidas inversoras a estos entes para que su aprobación pase por el pleno de forma temporal.
Los expertos de la UZ recomiendan bloquear las partidas que se transfieren a las sociedades públicas, siempre que no tengan que ver con el gasto corriente para el estricto funcionamiento de la sociedad y que el pleno decida.
Zaragoza-Vivienda, Zaragoza-Deporte, Zaragoza-Cultural y Ecociudad son las cuatro sociedades municipales del Ayuntamiento de Zaragoza a las que alude el informe tras el cambio en la representación, ya que entre los 10 y 12 miembros que han pasado a tener sus consejos de administración, 4 de ellos pertenecen a los grupos municipales y el resto al Gobierno de la ciudad, en aplicación de la Ley de capitalidad (artículo 14).
Otra de las propuestas del informe de los catedráticos de Derecho Administrativo de la UZ, Gerardo García-Álvarez y José María Gimeno, pasa por convertir las sociedades municipales en entidades públicas empresariales (EPEs) y la tercera propuesta sería cambiar el reglamento orgánico municipal para que las sociedades mantengan la proporcionalidad del pleno.
Asimismo, los catedráticos sostienen que el cambio en la representación de los consejos de administración de las sociedades debería haber pasado por un cambio previo de sus estatutos.
ENTIDADES EMPRESARIALES PÚBLICAS
Los expertos dicen que se tendría que ir hacia entidades empresariales publicas en lugar de las sociedades públicas del Ayuntamiento porque con la nueva ley de contratos del Estado las flexibilidad y rapidez que ofrecían las sociedades ya no prima como en el momento de su creación.
El modelo de sociedad privada es "antigua y hay que tender a la entidad pública empresarial para mejorar la gestión de la contratación y el pleno seguiría siendo el que tomara las decisiones en las entidades públicas empresariales", resume el documento.
Sobre la propuesta de reglamento orgánico, dicen que una modificación debe suponer la obligación de la proporcionalidad en los consejos de administración.
INCONSTITUCIONALIDAD
El informe, de 16 páginas, también se refiere a la ley de Capitalidad, de la que señala que "la previsión de sustraer competencias al pleno no puede desplazar las previsiones básicas de la Ley nacional de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local" y añade que "interpretar en otro sentido las previsiones de la Ley de capitalidad llevaría irremisiblemente a su inconstitucionalidad".
En este sentido, si la interpretación que se hace de la ley de Capitalidad invade competencias de la legislación estatal, cabría la posibilidad de que el Gobierno central la recurriera por inconstitucional, en el articulado correspondiente.
Así, aclara que si se interpreta en el sentido de que la junta general al ser el gobierno desarrolla los acuerdos del pleno sería constitucional, pero si el gobierno tomas las medidas adoptadas en las sociedades sin representación proporcional llevaría a cabo interpretación inconstitucional de la ley de Capitalidad.
El informe habla de desviación de poder porque tras la ley de Capitalidad se requiere una modificación de los estatutos de las sociedades para adoptar decisiones y al no haberse respetado ese formalismo hay posibilidades de que el registrador de la propiedad no inscriba los acuerdos --algunos ya se han adoptado en Ecociudad-- y entonces los acuerdos de los consejos de administración serían nulos de pleno derecho.
Estas sugerencias que recoge el informe constituyen un común denominador que aceptan todos los grupos de la oposición y que tendrán que trasladar al pleno extraordinario en el que también solicitarán la reprobación del alcalde, Pedro Santisteve, y del equipo de gobierno, de Zaragoza en Común.
Dicho pleno extraordinario todavía no se ha solicitado y tampoco está decidida la forma en que darán traslado a estas sugerencias, pero los cuatro abogan porque sean vinculantes para el equipo de gobierno.
