ZARAGOZA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las diputadas del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué y Berta Zapater, han advertido este lunes de que el proyecto de Ley de Emergencia Social "no va a tener validez" y "han rechazado los gestos de cara a la galería". Han reivindicado el derecho a la vivienda digna sin contravenir el derecho a la propiedad privada.
El jueves de la semana pasada se reunió la Ponencia parlamentaria que estudia conjuntamente el proyecto de ley de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda y la proposición de ley --de Podemos-- sobre garantías de la efectividad de los derechos sociales en situaciones de emergencia social en Aragón. Un informe jurídico del Parlamento regional señala que algunos artículos podrían ser causa de inconstitucionalidad.
En rueda de prensa, Elena Allué ha manifestado su preocupación por esta iniciativa legislativa, aseverando que "las decisiones que están tomando algunos partidos nos parecen una irresponsabilidad". Ha expresado que algunas cuestiones que se están introduciendo en esta iniciativa legislativa "van a resultar inconstitucionales", añadiendo que una vez que se apruebe la Ley de Renta Básica "no va a tener ningún sentido".
Ha hecho notar que 15 meses después de iniciada la legislatura, en materia de emergencia social y prestaciones la situación "es la misma que había anteriormente", aunque Podemos anunció su intención de acabar con la emergencia social y el PSOE dijo que quería recuperar los niveles de bienestar que había antes de la crisis.
La parlamentaria del PAR ha considerado que "las cuentas del Gobierno de Aragón dan de sí lo que dan de sí" y ha dejado claro que los responsables del Ejecutivo "han sido incapaces de resolver esta cuestión".
"Gobiernan a golpe de titulares que quedan en nada", ha continuado Allué, quien ha resaltado que sigue habiendo desahucios y una situación de emergencia social sin "una sola medida" que lo resuelva. "Parece que solo se ponen de acuerdo y solo son capaces de alcanzar el consenso en las medidas inconstitucionales", ha opinado.
Así, ha dicho que los impulsores de esta Ley "no les preocupa nada mejorar la calidad de vida de las personas y acabar con esa situación de vulnerabilidad". Ha afirmado que el jueves pasado "se produjo un hecho que nos parece grave, que es el tratar de vulnerar derechos constitucionales". Allué ha puntualizado que el PAR está de acuerdo con facilitar vivienda o no quitarla a quienes lo estén pasando mal.
IMPULSO AL GOBIERNO
El grupo del PAR ha registrado una proposición no de ley en la que, ha explicado Berta Zapater, instan al Gobierno de Aragón a promover y garantizar el derecho a una vivienda digna facilitando el acceso en régimen de propiedad o alquiler, mediante la promoción de vivienda pública y protegida, prestando especial atención a los colectivos más necesitados.
También han apostado asegurar que el acceso a una vivienda digna se lleve a cabo sin contravenir el derecho que tienen todos los españoles a la propiedad privada, sin que nadie pueda ser privado de su propiedad ni del uso que se haga de la misma.
Zapater ha recordado que su partido ya planteó hace mucho tiempo la importancia de apoyar a los particulares que tienen viviendas desocupadas, insistiendo en que el acceso a una vivienda digna debe llevarse a cabo "sin contravenir el derecho a la propiedad privada".
CONSTITUCIÓN
El PAR ha recordado que el artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho que tienen todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, mencionando que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
La competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda corresponde a la Comunidad Autónoma y el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye a la Comunidad la competencia exclusiva en vivienda.
Asimismo, el artículo 33.1 de la Carta Magna reconoce los derechos a la propiedad privada y a la herencia. El Protocolo Adicional de 20 de marzo de 1952 al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades públicas, ratificado por España en 1990, reconoce el derecho a la propiedad privada, han agregado.
