El PAR exige que extiendan las becas escolares complementarias a los centros especiales concertados

 

El PAR exige que extiendan las becas escolares complementarias a los centros especiales concertados

Publicado 16/05/2017 13:44:03CET

Los aragonesistas presentan una batería de medidas para mejorar la atención al colectivo de personas con discapacidad

ZARAGOZA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PAR Elena Allué ha exigido este martes al Gobierno de Aragón que extienda las becas de comedor y transporte complementarias a los centros de Educación Especial concertados, siete de ellos en la ciudad de Zaragoza y uno en Huesca.

El PAR ha registrado una PNL "para que sea una realidad en la Comunidad eso por lo que luchamos: fomentar y promover políticas de igualdad y plena normalización en todos los ámbitos", ha expresado Allué en rueda de prensa. La iniciativa contiene medidas no solo para el sector de la educación sino en otros aspectos que atañen a este colectivo.

Allué ha dicho que el Estatuto de Autonomía contempla la obligación de los poderes públicos de promover medidas que garanticen la autonomía e integración social de las personas con discapacidad y que las políticas que se implementen en este ámbito deben orientarse a la igualdad de oportunidades y la plena normalización.

Ha señalado que cualquier escolar puede acceder a las becas ordinarias y que los niños con necesidades específicas tienen derecho a becas complementarias hasta llegar a la gratuidad, pero no los de los centros concertados, y desde el PAR "queremos que todos los niños y niñas tengan las mismas posibilidades".

Los ocho centros especiales concertados forman a 300 alumnos, como es el caso de ASPACE Huesca y, en Zaragoza ATADES (dos), La Purísima, Los Pueyos, FEDES, El cariño y ASPACE, ha expuesto la diputada, subrayando que los gestionan entidades sin ánimo de lucro, no empresas privadas, y que todos los niños "tienen el mismo derecho".

PRECIOS DE REFERENCIA

En la proposición no de ley, los aragonesistas también proponen actualizar los precios de referencia de los servicios públicos prestados por las entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad. La diputada ha lamentado que los precios están congelados desde 2012, cuando gobernaban PP y PAR, por lo que ha reclamado al Ejecutivo que "desatasque" estos precios.

Otra propuesta es habilitar en los Presupuestos de este año la partida suficiente para el mantenimiento de los centros especiales de empleo dentro del INAEM. Ha expuesto que los centros especiales de empleo solo tienen presupuesto hasta el próximo mes de octubre y que después --en enero-- saldrá una convocatoria de ayudas que les permitirá justificar los meses que no ha financiado, lo que producirá un retraso en los pagos y que las entidades de discapacidad tengan que asumir el coste de los centros "demasiados meses".

La diputada ha recomendado, asimismo, dotar a todas las entidades sin ánimo de lucro del sector de la discapacidad intelectual y parálisis cerebral de los mismos derechos y con las mismas posibilidades de acceso con las que cuentan en materia de subvenciones en los Presupuestos de 2017.

Ha pedido que se dote a todas las entidades sin ánimo de lucro de "los mismos derechos y posibilidades de acceso" con que cuentan en los Presupuestos de 2017, alertando de que "por primera vez" el IASS cuenta este año con la posibilidad de conceder subvenciones nominativas, "a dedo", sin la transparencia necesaria para que todas las entidades puedan optar, de manera que "han dejado fuera a todas las plataformas de discapacidad aragonesas".

Otras medidas son incorporar a las direcciones provinciales del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) los recursos humanos y materiales necesarios para agilizar los trámites de valoración y reconocimiento de la dependencia de las personas con discapacidad intelectual y parálisis cerebral e incorporar al presupuesto del IASS los recursos económicos necesarios para atender la lista de espera del acuerdo marco de plazas de atención a personas con discapacidad.

Asimismo, Elena Allué ha reclamado a las Direcciones Provinciales de los Servicios Sociales que agilicen los trámites de valoración y reconocimiento de la dependencia y de la discapacidad intelectual, incidiendo en que hay un retraso de entre nueve meses y un año desde que la familia solicita la valoración hasta que se tramita. Allué ha dicho que hay unas 100 personas dependientes a la espera de acceder a los recursos que se les han reconocido.

En la iniciativa, el PAR argumenta que el Año Europeo de las personas con discapacidad marcó el objetivo de "hacer visibles los problemas a los que se enfrentaban diariamente las personas con discapacidad y fomentar nuevas estrategias políticas dirigidas a solventarlos" y, como consecuencia, las Cortes Generales aprobaron en 2003 la Ley sobre igualdad de oportunidades y no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la Ley de 2007 por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.


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