ZARAGOZA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La diputada autonómica del Partido Aragonés (PAR), Elena Allué, ha dado a conocer este jueves las 33 enmiendas parciales que este Grupo de las Cortes de Aragón ha presentado al proyecto de Ley del Sector Público con el objetivo de situar "a la vanguardia" a la Administración regional.
En rueda de prensa, Allué ha considerado que el Gobierno autonómico "ha perdido una enorme oportunidad para reformar de arriba abajo una maquinaria pesada para modernizarla y convertirla en el verdadero puntal que debería ser para los ciudadanos".
El PAR apuesta, en sus enmiendas, por priorizar los valores de "legalidad, efectividad, accesibilidad geográfica, equidad en la distribución de la riqueza, el uso racional de los recursos públicos, la coordinación, el consenso, el diálogo y la transparencia".
Ha señalado que los políticos juegan "un papel primordial y esencial en la mejora de la Administración" y ha advertido de que "la ciudadanía no se va a ver reflejada" si no se impulsa esa reforma, emplazando a anticiparse a lo que va a acontecer, así como a innovar "constantemente".
La parlamentaria del PAR ha dicho que el sector público debe orientar su actuación hacia el servicio a la ciudadanía, lo que requiere adelantarse a las demandas ciudadanas al diseñar las políticas públicas.
Elena Allué ha defendido las políticas de innovación de la Administración, la implantación de sistemas "modernos y avanzados" que "aporten valor añadido a la sociedad", con programas de estímulo para los empleados público de cara a aumentar su compromiso con la Administración, favoreciendo el aprendizaje. Los objetivos de la Administración deben ser "retadores, que supongan nuevos desafíos", aunque también han de ser "alcanzables".
Ha planteado que el Gobierno elabore, anualmente, un informe sobre la implantación de la Administración electrónica con un análisis de quejas y sugerencias ciudadanas.
OPEN DATA
La diputada del PAR ha lamentado que en el proyecto de ley no se mencionan el Open Data ni la inteligencia artificial (I.A.), por lo que el PAR ha presentado una enmienda para promover que los datos abiertos de la Administración regional sean utilizados para que emprendedores y empresas creen valor añadido, lo que exige compartir la información y reutilizar los datos, lo que a su vez debe "redundar en un beneficio inmediato" para los ciudadanos y la Administración pública.
Asimismo, los aragonesistas de centro abogan por extender el teletrabajo, de lo que "no se habla nada" en la iniciativa legislativa, pese a que los empleados públicos están demandando medidas de conciliación familiar y laboral. Ha indicado que en determinados puestos se puede implantar esta modalidad de trabajo aplicando una serie de criterios evaluables, observando que el teletrabajo "aumenta la productividad y felicidad de los trabajadores".
DERECHOS
Allué ha considerado que el texto presentado por el Gobierno "se queda corto" en cuanto a derechos de los ciudadanos al reconocer únicamente su derecho a la información, recomendando elaborar un capítulo para este asunto.
Ha planteado los derechos a que los asuntos ciudadanos sean tratados con "imparcialidad y equidad"; a que las consultas se resuelvan en un plazo razonable; a una información pública veraz y de calidad; a la reparación de los daños causados; a la simplificación administrativa. Otros son la motivación de las decisiones públicas, la audiencia pública y la rendición de cuentas.
En cuanto a los deberes de los ciudadanos, ha mencionado la actitud "respetuosa" hacia el personal de la Administración; el buen uso de la información que se obtenga; el cuidado de las instalaciones y la tolerancia a las demás personas.
Respecto al control de la eficacia de la Administración, Elena Allué ha destacado medidas como la adecuada utilización de los recursos y la continua evaluación del cumplimiento de los fines, subrayando que "el dinero público es sagrado y el Gobierno está obligado a rendir cuentas" y evaluar sus resultados.
