ZARAGOZA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El grupo del Partido Popular (PP) en las Cortes de Aragón ha advertido de que inclusión de una nueva cláusula en la última convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores en la Comunidad "impedirá" que "cientos" de ellos puedan optar a las mismas.
Así lo han explicado en rueda de prensa los diputados del PP Ramón Celma y Miguel Ángel Navarro, que han indicado que esta nueva cláusula no estaba en convocatorias anteriores y tampoco aparece en las bases que regulan estas ayudas, si bien a su grupo "no se le ha escapado".
Según ha detallado Celma, consiste en exigir al joven que quiere incorporarse al campo que tengan los permisos del INAGA, las licencias de obras y los proyectos finalizados para los que requiere la ayuda, algo que es "inviable" y que va a implicar que "más del 50 por ciento de los que quieren incorporarse a la agricultora no lo puedan hacer".
Según ha dicho, "cuando un joven quiere comenzar a trabajar en una explotación agraria, depende de la financiación y, según se la concedan o no" inicia el proyecto. Ha lamentado que la Administración autonómica ponga "trampas", cuando "más del 40 por ciento de los agricultores en la Comunidad tienen más de 60 años, dato al que hay que darle la vuelta".
Celma ha manifestado que en Aragón necesita que "todos esos jóvenes" que están ilusionados con su proyecto de emprender en el pueblo puedan llevarlo a cabo y por eso ha pedido a la Administración autonómica que ponga los "medios que tiene, que provienen de Europa" y dé "facilidades" en vez de poner "trabas burocráticas y administrativas".
BALANCE
El diputado Miguel Ángel Navarro ha señalado que en la última convocatoria resuelta de estas ayudas, de 2016, se han ejecutado algo más del 50 por ciento de los 30 millones de euros que estaban presupuestados, concediéndolas a 442 jóvenes agricultores y dejando fuera a 199, mientras que fruto de la nueva cláusula de la convocatoria de 2017 tampoco se ejecutará la totalidad de los 20 millones de euros previstos.
Según ha estimado, de los 50 millones de euros de 2016 y 2017, solo se van a dar en ayudas 25 millones de euros, por lo que "va a ser difícil que los jóvenes que quieren iniciarse en la vida del campo puedan hacerlo".
Por otra parte, se ha referido a las "graves consecuencias" para el sector agrario de la gestión de las inspecciones administrativas, que han generado 15.000 cartas de carácter sancionador por discrepancias de superficie y tiempo en relación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).
Como ejemplo, ha explicado el caso de un agricultor que en abril declaró el cien por cien de una parcela en la que había sembrado cereal para recibir ayudas de la PAC y que tras su recolección, en agosto inició la construcción de una granja en parte de la misma por lo que en septiembre, cuando se actualizó el SIGPAC se originó una discrepancia de información.
Navarro ha señalado que el agricultor "cumplía" cuando declaró la superficie inicial, pero "las sucesivas actualizaciones del sistema mal gestionadas" han generado un expediente que ahora se debe resolver.
En este sentido, ha pedido al Gobierno de Aragón que "mejore" y "agilice" la resolución estos expedientes y ha comentado que en noviembre su grupo registró una iniciativa con el objetivo de corregir esta situación que afecta a 15.000 agricultores.
REFORMAS
El diputado Celma ha lamentado que el Ejecutivo en vez de desarrollar "medidas que se pueden poner en marcha de manera inmediata para facilitar la vida a los agricultores y los trámites administrativos que tienen que realizar sobre la PAC", plantea reformas del mapa de estratos y de la PAC social que "sabe que no se pueden realizar antes de 2020 y aplicar antes de 2022".
Al respecto, ha mencionado las acciones propuestas por su grupo que se podría aplicar ya, como la modificación del coeficiente de pastoreo, "para que los ganaderos puedan demostrar de una forma fácil que pastan en nuestros montes y desempeñan una labor medioambiental determinante".
Asimismo, "hemos planteado iniciativas para la implantación de un plan de pago real y eficiente que puedan organizar el trabajo en sus explotaciones agrarias" y "hemos apostado por reforzar el trabajo con las entidades colaboradoras que trabajan con los agricultores para realizar los trámites administrativos de la Política Agraria Común".
Igualmente, han propuesto el apoyo a los municipios y a las reservas de caza "para que puedan regular la carga cinegética" y han pedido al Ejecutivo "que traiga a las Cortes el desarrollo y las cuentas del Programa de Desarrollo Rural y podamos aportar desde aquí distintas iniciativas".
