Pymes y autónomos aragoneses hacen frente a 28 millones anuales por IVA de facturas sin cobrar, según Gestha

Actualizado 07/02/2011 18:00:14 CET

ZARAGOZA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pymes y los trabajadores autónomos aragoneses hacen frente a 28,2 millones de euros anuales correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de facturas que aún no han llegado a cobrar, lo que supone una carga muy gravosa debido al aumento de la morosidad e impagos derivados de la crisis, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), que sitúan esta cifra en casi 800 millones de euros a nivel nacional.

De este modo, Aragón ocupa el séptimo lugar entre las Comunidades autónomas con un mayor volumen de IVA pendiente de cobro. Entre sus provincias, el mayor volumen de IVA repercutido pendiente de cobro debido a la morosidad corresponde a Zaragoza (23,5 millones), seguida de Huesca (2,6 millones) y Teruel (2 millones).

En la actualidad, los autónomos y pequeños empresarios deben ingresar a la Hacienda Pública el IVA de las facturas emitidas que aún no han cobrado, y que incluso no llegarán a cobrar nunca. Con objeto de mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda proponen modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro de la factura.

Según la ley española del IVA, el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro.

Actualmente, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5 por ciento anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.

El Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una Directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago. A juicio de Gestha, la aplicación de esta medida debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012.

Además de este cambio, los técnicos de Hacienda proponen varias medidas encaminadas a mejorar la eficiencia y control del gasto público con el fin de aliviar el déficit del Estado. Estas iniciativas se sitúan también en línea con algunas de las enmiendas que diversos grupos políticos presentarán mañana al proyecto de ley de Economía Sostenible en el Senado.

En este sentido, solicitan la generalización de las auditorías de las cuentas anuales a todos los entes públicos con el fin de aportar transparencia a las cuentas del Estado y evitar los casos de "deficiencias" y "corruptelas" en los procesos de contratación de la Administración.

RENUNCIAR A AUDITORÍAS EXTERNAS

Con este objetivo, también proponen aprovechar los medios humanos que actualmente se encuentran a disposición de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y las capacidades de casi mil técnicos auditores cuya experiencia se encuentra actualmente infrautilizada, en lugar de cargar con el sobrecoste innecesario que supone acudir a auditoras externas privadas.

Paralelamente, Gestha aboga por una modernización de la estructura y funcionamiento de la IGAE acorde a los nuevos tiempos y procedimientos de control, de manera que se dote de publicidad adicional a los informes de control financiero que se realicen, proporcionando mejores herramientas para clarificar la información de las cuentas públicas y remediando las deficiencias existentes.

Finalmente, los técnicos de Hacienda respaldan las enmiendas presentadas por algunos grupos parlamentarios tendentes a garantizar un reparto justo y equitativo de las cargas fiscales, con el fin de reducir la competencia desleal de los evasores frente a los autónomos y empresas que cumplen con las obligaciones exigidas.

Según datos del último Barómetro elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), tres cada cuatro españoles perciben un incremento del fraude, y hasta un 43 por ciento lo justifica por motivos tales como la impunidad de los grandes defraudadores, la falta de eficacia en la lucha contra el fraude o las diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos contribuyentes.

Para los técnicos de Hacienda, esta situación hace necesaria la importación de cuatro medidas utilizadas en la UE-15 para mejorar la lucha contra la economía sumergida que, según los últimos datos, representa en Españal el 23,3 por ciento del PIB, lo que supone unos 240.000 millones de euros anuales.

Los dos primeros pasos serían la cuantificación periódica de la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, calibrando así con una mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente, así como que los parlamentos nacional y autonómicos fijaran un objetivo de reducción de la tasa de la economía sumergida un plazo delimitado de tiempo.

Se hace también necesaria la implantación de una mayor colaboración entre las Administraciones territoriales, creando una base de datos fiscales compartida, a la vez que promover en las distintas organizaciones internacionales los acuerdos para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales.

La cuarta medida, según Gestha, sería reforzar el Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria, aumentando las funciones y competencias sus actuales empleados públicos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente tanto el control tributario y aduanero como el control del gasto público.

De ser aprobadas estas enmiendas, "se podría recaudar adicionalmente cerca de 38.500 millones de euros cada año, lo que sanearía el déficit de las Administraciones públicas y permitiría reducir las tensiones de la Deuda pública y privada en los mercados financieros y avanzar en la simplificación y reordenación del sistema fiscal de nuestro país".


Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies