Carmen Susín
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 22 junio 2017 17:22

ZARAGOZA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes de Aragón, Carmen Susín, ha manifestado que el dinero presupuestado por el Gobierno que preside Javier Lambán para el transporte sanitario urgente por carretera es "insuficiente" para prestar un servicio de calidad en la Comunidad ya que a los 19 millones de euros consignados "le faltan otros 5,5 millones más".

La parlamentaria ha alertado de que cuando se adjudique, se producirá "una notable disminución en la calidad del servicio" que ofrecía hasta ahora el Servicio Aragonés de Salud, ha comentado en una nota de prensa.

Al respecto, ha detallado que el Gobierno de Aragón ya ha licitado el servicio, "pero rebajando las obligaciones a la empresa concesionaria" de forma que si en teoría se trata de un servicio de transporte urgente en ambulancia, "la realidad es que algunos aragoneses deberán esperar hasta 45 minutos para ser atendidos, 15 de activación y 30 de asistencia".

Además, ha criticado que se disminuye el número de los vehículos de Soporte Vital Básico, integrados por un conductor y técnico, para reconvertirlos en otros que tan sólo dispondrán del conductor. Como ejemplo, en la provincia de Zaragoza, ha dicho que siete vehículos de Soporte Vital Básico serán sustituidos por vehículos asistenciales, "lo que implica una evidente pérdida de calidad para los enfermos".

En lo que respecta a Huesca, la UCI ubicada en la localidad de Campo y que atiende a los habitantes de las comarcas del Sobrarbe y la Ribagorza figura como una mejora de la empresa, pero el Ejecutivo "no la considera un servicio obligatorio en el pliego de contratación".

La diputada propondrá corregir esta situación a través de una iniciativa parlamentaria que va a defender este viernes en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón. En ella, plantea, por un lado, incrementar la dotación presupuestaria para el servicio de transporte sanitario urgente por carretera "hasta alcanzar el coste real".

Por otro, aboga por modificar el contrato para adaptarlo a las necesidades reales en un territorio tan extenso y con población dispersa y envejecida, para que introduzca cláusulas sociales en beneficio de los trabajadores y, finalmente, para extremar la vigilancia en el cumplimiento del contrato.

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