Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 13/01/2009 12:07
Los estudiantes encerrados en la Universidad de Zaragoza desde el pasado 9 de diciembre mantienen durante la época de exámenes de enero y febrero su movilización en contra del Plan Bolonia, que supone la adaptación de la universidad española al espacio europeo de educación superior, y recuerdan que el encierro tiene carácter indefinido.
Uno de los miembros de la Asamblea contra la Privatización de la Universidad, Pablo Casas, colectivo convocante de esta protesta, indicó a Europa Press que en estos momentos una de sus reivindicaciones es la retirada de los expedientes y sanciones a los estudiantes de Barcelona, abiertos con motivo de su participación en una movilización en contra del Plan Bolonia.
La otra reivindicación es "que se nos oiga en la universidad y se tenga en cuenta nuestra palabra". Al respecto, lamentó que en los 50.000 folletos informativos sobre el Plan Bolonia repartidos a mediados de diciembre por el rectorado de la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón "no se haya contado en ningún punto con nuestra opinión".
En este sentido, estimó que más que información es "propaganda" y puso de relieve que si bien el Plan Bolonia se firmó en 1999, no ha sido hasta ahora, dos semanas después de que se iniciara el encierro, cuando se ha repartido esta documentación.
Pablo Casas subrayó que van a mantener su encierro, con el que "estamos defendiendo una versión contraria" a las tesis del rectorado y del Gobierno de Aragón, comentó.
Por su parte, han repartido desde el 9 de diciembre 10.000 folletos informativos y ahora están preparando otros 10.000, que también se difundirán entre centros de educación Secundaria para que los futuros universitarios "sepan en qué se va a convertir la universidad".
Este miembro de la Asamblea hizo un balance positivo de este primer mes de encierro, en el que diariamente participan entre 40 y 50 personas, y que les ha servido para profundizar y conocer mejor las características del Plan Bolonia, que rechazan porque creen que supone la mercantilización de la universidad.