ZARAGOZA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
La asesora jefe del Justicia de Aragón ha comunicado a la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa el inicio de las investigaciones por parte de dicha Institución para esclarecer la posible vulneración del derecho de petición ejercido por esta asociación ante los alcaldes de las ciudades de Huesca, Teruel y Zaragoza y los presidentes de las tres diputaciones provinciales aragonesas, a los que se pidió, a finales del pasado año, el impulso de un Código de Buen Gobierno en sus respectivas instituciones.
La citada asociación ha valorado "muy positivamente" en un comunicado la actuación de la Oficina del Justicia de Aragón en esta materia. Por un lado, ha recalcado, la "coherencia" de esta medida con la reciente sugerencia que formuló al Departamento de Presidencia para que regulase y dotase de garantías al ejercicio del derecho fundamental de petición ante la Administración aragonesa.
Por otro, ha puesto de manifiesto el "contraste" de esta decisión con la adoptada en el mismo supuesto por el Defensor del Pueblo, cuyo Adjunto Segundo comunicó la imposibilidad de intervención "dado el carácter político de la respuesta pretendida".
"Si las instituciones de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos se muestran tibias ante la vulneración de tales derechos por las autoridades públicas, el debilitamiento del Estado de Derecho resultará imparable", han argumentado desde el citado colectivo.
A su entender, "si hay algo peor que la arbitrariedad del poder político es la comprensión o tolerancia de tal arbitrariedad por parte de los órganos encargados de la defensa de los derechos constitucionales".
