Unión de Uniones pide priorizar las ayudas de la PAC a los profesionales y no a los 'agricultores de sofá'

Publicado 16/07/2018 18:04:34CET

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras presentar alegaciones al proyecto de Real Decreto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la aplicación de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) para 2019, ha reclamado a Luis Planas que éstas se centren en la figura del agricultor activo o genuino y no el 'de sofá'.

En concreto, la organización agraria ha considerado en un comunicado "importante" centrar las ayudas directas de la PAC en los agricultores cuya explotación suponga una parte significativa de su economía, definiendo la figura del agricultor activo en 2019 y 2020 y que podría servir de base también para definir a los llamados genuinos en la futura PAC a partir de 2021.

Igualmente propone que los ingresos por la actividad agrícola o ganadera se cifren en un 25% de los ingresos totales para ser considerado agricultor activo en 2019 y 2020, estableciendo una franquicia de 1.250 euros de ayudas directas, por evitar la exclusión de los sectores sociales del mundo rural.

La organización ha señalado que esta medida permitiría "revertir el favoritismo" que el anterior Gobierno hizo en 2014 a los perceptores de más de 150.000 euros en ayudas directas de la PAC, así como superar las reiteradas denuncias que Unión de Uniones sobre la aplicación de "dudosa legalidad" en España de la figura del agricultor activo y de la creación de condiciones artificiales para percibir las ayudas directas de la PAC.

"Creemos que la aplicación de las observaciones que hemos presentado beneficiarían al conjunto del sector productor que es a quien deben ir dirigidas estas ayudas", han señalado fuentes de Unión de Uniones.

Por otro lado, la organización agraria ha solicitado al Ministerio de Agricultura que derogue los dos requisitos introducidos este año sobre las prácticas admitidas en la aplicación de purines y la obligación de enterrar el estiércol sólido, ya que considera que estos requisitos son contrarios a los mínimos que los Estados pueden establecer respecto al mantenimiento del nivel de materia orgánica en el suelo mediante prácticas adecuadas.

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