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OVIEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) presentará a los grupos parlamentarios de la Junta General de Asturias una solicitud para que se pronuncie a favor de un Tratado Internacional del Comercio de Armas que prohíba expresamente la venta a países en los que se puedan cometer violaciones de derechos humanos o comunitarios, y también que obligue a los Estados a hacer públicos los destinos de las exportaciones. Así, ha advertido que, según diversas informaciones, la fábrica de armas de Asturias habría exportado munición a Colombia, y mantendría con este país algún contrato de venta de otro tipo de instrumentos, quizá carros de combate.
Francisco Javier Fernández, presidente de Amnistía Internacional Asturias, se ha referido a este asunto durante una rueda de prensa para anunciar el desarrollo de esta campaña. La organización pretende que los parlamentos autonómicos transmitan al Gobierno español su apoyo a esta propuesta de tratado de comercio de armas, que se debatirá en la ONU próximamente.
Preguntado por si la propuesta, tal como la defiende AI, tanto en lo referente a la prohibición como a la información pública de destino de las ventas, podría afectar a la fábrica asturiana, Fernández ha expresado su opinión negativa. De hecho, según ha explicado, "hay una ley de transparencia del año 2007, que obliga al Gobierno de España a informar al parlamento y a la opinión pública, con actas y autorizaciones para exportar armamento, y aparecen ahí las fabricadas y exportadas desde Asturias. No ha habido nunca ningún problema".
No obstante, las ONG se reservan su derecho a criticar algunos destinos porque creen "no adecuados". Ha señalado puntos como el norte de África u Oriente Medio, o también Israel y Colombia, país al que, según algunas "informaciones", "se ha exportado munición desde las fábricas asturianas, e incluso hay un contrato en marcha para exportar algún tipo de instrumento, quizá un carro de combate".
"Se va a estar sobre la pista, y se criticarán los destinos que creemos que no sean adecuados", adelanta Fernández.
Preguntado por si el destino de estas ventas son ejércitos regulares, o grupos armados, el representante de Amnistía ha explicado: "se supone que los Estados sólo dan licencia para exportaciones a otros estados, a través de empresas intermediarias, pero muy a menudo caen en otras manos, porque no está establecido que el estado comprador certifique el destino final". De hecho, según señala, se ha comprobado que armas utilizadas por Al Qaeda o grupos de delincuencia organizada provenían del comercio autorizado.
Por todos estos motivos, AI presenta a los grupos políticos de la Junta este planteamiento, que tiene un carácter abierto. El apoyo, por parte de los partidos, puede ser a través de una proposición no de ley, una declaración institucional, o una propuesta por parte de la mesa de la cámara. Se trata de que se traslade al Gobierno español, al Ministro de Asuntos Exteriores, y a las embajadas de los países directamente implicados.