CEA pide que dimitan los responsables del PP y del PSOE que apoyaron la incineradora

Actualizado 14/12/2011 15:18:40 CET

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies (CEA) ha solicitado este miércoles la dimisión de los responsables del PSOE y del PP que votaron en la Junta de Gobierno de Cogersa a favor del acuerdo para la construcción de una planta incineradora "sabiendo de su ilegalidad".

La petición de los ecologistas llega después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo haya estimado el recurso interpuesto contra dicho acuerdo. Para el colectivo, se trata de "un varapalo jurídico" que muestra la falta de legalidad de un proyecto "disparatado" que "Cogersa vendió engañando a los asturianos".

A través de un comunicado, la CEA insta además a pedir responsabilidades a quienes contrataron a las empresas para valorar los proyectos y para dirigir las obras, y que "suponen otro pufo para los asturianos". En el texto recuerda que la Junta de Gobierno de Cogersa acordó por mayoría -100 votos contra 12- incinerar el 85 por ciento de los residuos sólidos urbanos en una incineradora que querían que costase 250 millones de euros.

A su juicio, esa cantidad es "insuficiente para una peligrosa planta, que va tener que quitar del presupuesto partes importantes". Los conservacionistas ponen como ejemplo la planta de San Sebastian, que, con "la mitad del tamaño que la Asturias", "está presupuestada en 360 millones de euros".

Para la CEA, "PSOE y PP querían aprobar una incineradora de 420.000 toneladas al año, renunciando a las políticas europeas de residuos, basadas en la reducción, la reutilización y el reciclaje".

En último término, incide en que "el proyecto de una súperincineradora de residuos sólidos para el centro de Asturias tendrá efectos sobre varias centenares de miles de personas que viven en un entorno de unos pocos kilómetros en poblaciones, y que ya sufren de una elevada contaminación del aire". "El proyecto de la incineradora se ha hecho de espaldas a los ciudadanos, sin estudios de impacto ambiental perceptivo, sin contar con los vecinos y sin soporte económico alguno", concluye.

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