OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé, ha anunciado este martes que su grupo ha vuelto a registrar en el Parlamento la tramitación de un Proyecto de Ley de Inspección General de Servicios del Principado dotando a dicha Inspección con los medios materiales y personales que le permitan la independencia necesaria para la realización de sus funciones ante la "falta de voluntad política para corregir la situación actual".
"Esta cuestión parece el cuento de la buena pipa. Ya en mayo hemos puesto esta cuestión sobre la mesa y ahora volvemos a hacerlo porque consideramos que es un asunto importante" , ha dicho el diputado de Ciudadanos, que ha considerado que de haber existido un sistema de control como el que se propone con este proyecto de Ley, no se hubiesen dado casos como el Marea o el de GITPA.
Ha explicado que el Gobierno del Principado cuando en mayo su grupo llevó este proyecto de ley a la Cámara decidió dilatarlo "buscando excusas que permitiesen dar marcha atrás al mismo". Todo ello porque lo que ocurre a su juicio es que no tiene ninguna voluntad política al respecto. "Ahora ya hemos subsanado las alegaciones que nos han puesto y esperamos que no haya ningún impedimento para que esta ley avance de una vez", ha indicado Bartolomé.
En este sentido el diputado de Ciudadanos ha indicado que esta ley es una necesidad sentida por todos los grupos parlamentarios excepto para el PSOE, a juicio de su actuación. Ha añadido que no tiene porque haber incompatibilidad alguna con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, sino que lo que se busca es un encaje de ambas y no confrontación y conflicto.
Desde Ciudadanos consideran que ahora mismo existe un problema de falta de independencia en la inspección, además de falta de personal y consideran que los servicios de inspección actuales no funcionan como deberían ya que "los mecanismos de control no funcionan y como no hay ni habido voluntad política las cosas siguen igual que antes del caso Marea, por ejemplo".
Con esta ley desde Ciudadanos pretenden elevar el rango de la inspección general de servicios a una Dirección General, ampliar los mecanismos de control, extender la actuación a todo el ámbito de la administración autonómica, y establecer dos cauces de comunicación: uno que recoja las quejas de la ciudadanía a través de un "canal ético" y otro canal dirigido a los funcionarios en el que puedan denunciar hechos irregulares conservando su anonimato y recibiendo protección legal.
