Dos hermanos empresarios admiten que su compañía llevó una doble contabilidad

 

Dos hermanos empresarios admiten que su compañía llevó una doble contabilidad

Actualizado 06/10/2015 18:52:13 CET

Ingresan en la cuenta del Juzgado más de dos millones y medio de euros

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hermanos empresarios acusados de defraudar a la Hacienda Pública admitieron hoy que su compañía, radicada en Viella (Siero), llevó una doble contabilidad durante los ejercicios 2005 a 2008 e ingresaron en la cuenta del Juzgado 2.600.000 euros por las cantidades defraudadas, intereses, sanciones y multas. Además, los acusados asumieron penas que suman 2 años de prisión para cada uno.

El ingreso del dinero se llevó a cabo antes del juicio, señalado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias pero que tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la defensa no llegó a desarrollarse. La Fiscalía no se opuso a la suspensión de la ejecución de las penas de cárcel.

Los acusados son los únicos socios y, desde 2001, administradores solidarios de la empresa, que tiene por objeto social la fabricación y comercialización de objetos y elementos de decoración. Ambos reconocieron que, durante los ejercicios económicos 2005 a 2008, desarrollaron una doble contabilidad, la oficial y la extraoficial, no incluyendo en el balance ni en la cuenta de resultados depositados en el Registro Mercantil determinadas ventas y gastos.

Las ventas en 'B', que la empresa no incluía en la contabilidad oficial, eran denominadas 'H4' y las hacía constar en los albaranes que figuraban en los listados elaborados con un número precedido de la letra 'Z'. En total, la cuota defraudada ascendió a 1.291.732,11 euros.

DECLARACIÓN DE CONCURSO

Los acusados solicitaron la declaración de concurso de la empresa y, dentro de ella, se interesaba la formación de una pieza separada de extinción colectiva de la totalidad de contratos de trabajo, 49, en los que la empleadora era la mercantil. El 26 de enero de 2008 se solicitó la liquidación de la empresa.

Tal y como reconocieron en el juicio, los acusados omitieron en la Memoria Económica de la solicitud de concurso que, el 30 de junio de 2007, habían aprobado en Junta General Ordinaria un reparto de dividendos por importe de 1.277.297,72 euros, de los que 355.402,83 euros correspondían a los beneficios del ejercicio 2006 y 921.894,89 a reservas voluntarias. En el ejercicio en que aprobó el reparto de dividendos hubo una disminución de facturación del 11,58% y una caía del 44,5% en los beneficios. Los acusados, como administradores, percibieron 156.000 euros en 2005; 160.800 en 2006 y 165.000 euros en 2007.

Ya solicitada la declaración de concurso y solo dos días antes de que ésta se produjera, el 18 de diciembre de 2008, los acusados ordenaron, sin notificarlo ni a la administración concursal ni al Juzgado, la destrucción de 1.900 kilos de documentación de especial relevancia para el conocimiento de la verdadera situación económica de la empresa.

Los acusados no cumplieron íntegramente su objetivo porque los trabajadores de la empresa consiguieron recuperar parte de esa documentación, referida a pagos a trabajadores ocultados en las declaraciones tributarias y a la Seguridad Social, comisiones y otros pagos a representantes no registradas en la contabilidad oficial, ventas a clientes tampoco registradas y pagos a terceros por compra de servicios y suministros que no se reflejaban en las correspondientes cuentas de gastos y caja. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo declaró el 18 de diciembre de 2008 el concurso voluntario y ordinario de la empresa.

Uno de los acusados admitió la comisión de cuatro delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, en concurso medial con otros tantos delitos societarios de falsedad documental del 290. Su hermano reconoció tres delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal, en concurso medial con otros tantos delitos societarios de falsedad documental del 290 y un delito de insolvencia punible del artículo 260.1 del Código Penal.

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