El empresario que contrató con el hijo de Riopedre niega haber sido presionado para ello

Un periodista, siguiendo el juicio del 'caso Marea'
EUROPA PRESS
Publicado 27/04/2016 19:16:22CET

Azorín sí reconoce que el Principado le pidió cambiar conceptos en facturas

OVIEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El que fuera administrador de la empresa Nora Proyectos & Ingeniería, Antonio José Azorín, ha declarado este miércoles como acusado en el juicio del 'caso Marea', la presunta trama de corrupción en la contratación pública asturiana. El empresario ha negado haber recibido presiones para contratar al gerente de la compañía Geogal, Ernesto Iglesias, hijo del exconsejero de Educación, el socialista José Luis Iglesias Riopedre.

El exconsejero, que estuvo al frente de la cartera de Educación en el periodo 2003-2010, también figura como acusado en la causa y el fiscal pide para él siete años y medio de prisión. Azorín está acusado por delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales. Le piden tres años de prisión.

Al ser preguntado por el hijo de Riopedre y de si le habían pedido que se le contratara desde el Principado o desde otra empresa como Igrafo, cuyo administrador también está encausado, Azorín ha contestado que esa hipótesis es "absurda" porque ni siquiera contrataba con él en proyectos que dependían de Educación y en los que sí ocurría, como uno que se hizo en Piloña, se repartió el trabajo entre dos empresas.

Del consejero dijo que nunca había hablado con él. Del hijo, Ernesto Iglesias, señaló que le conoció en un periodo entre los años 2001 y 2002, cuando se presentó en las instalaciones de Nora para mostrar los servicios de Geogal, compañía especializada en la técnica energética de geotermia, y disponerse a colaborar. A partir de entonces lo hicieron, y llegaron a ser amigos, según ha relatado el propio Azorín, que sólo contestó a preguntas de su abogado.

El hecho de que en aquel primer momento, cuando decidieron empezar a colaborar juntos, José Luis Iglesias Riopedre ni siquiera fuese consejero del Gobierno asturiano demuestra, según Azorín, la falta de argumentos de quienes le acusan de favorecer al hijo del exdirigente regional.

Ya posteriormente, cuando su padre fue consejero, en 2003, sí llegaron a hablar del asunto, al conversar sobre sus familias, aunque Azorín ha insistido en que Ernesto "era muy reservado". Geogal se convirtió así en un proveedor de Nora con el que a veces contaba y otras no, en función de parámetros como el precio, como cualquier otro.

LOS PROCEDIMIENTOS DEL PRINCIPADO

Fue precisamente cuando Azorín dio detalles de uno de los proyectos en los que participó Geogal, el relativo a unas instalaciones en un colegio de Infiesto (Piloña), cuando habló de los requerimientos por parte de la Administración regional asturiana de que hiciese facturas por cuestiones que no había realizado. El objetivo era poder cobrar el trabajo que sí había hecho.

Según su relato, ni siquiera formalizó un contrato con el Gobierno autonómico. Simplemente le llamaron desde la Consejería de Educación y le pidieron presupuesto. Luego le dijeron que hiciese el trabajo, algo que cumplió.

Todo ello después de que una tercera empresa, Procoin, le hubiese pedido presupuesto también a Nora por el mismo asunto. Azorín se lo dio, pero ya nada más supo.

Se centró por tanto en el requerimiento del Gobierno asturiano, en concreto de una arquitecta, que le pidió celeridad y le dijo que el trabajo "corría mucha prisa". Sin firmar nada, comenzó a trabajar. En aquel momento, ha dicho, aquello le pareció "normal", al no estar al corriente de los procedimientos administrativos.

Desde Nora hicieron certificaciones de la obra y emitieron facturas. Cuando se "amontonaron" y seguía sin cobrar, recibió una llamada de la misma arquitecto, que le dijo que había "un problema" porque se había terminado el dinero del capítulo de inversiones. Sin embargo, sí tenían dinero en el de mantenimiento, por lo que le sugirió que le hiciese tres facturas por otros conceptos para poder cobrar el dinero.

Azorín, siempre según su relato, así lo hizo y cumplió al cambiar los conceptos. "No me pareció ni ilegal ni irregular; me lo estaba diciendo la Administración, no era raro, ¿cómo no lo iba a hacer?", se ha preguntado.

También se ha mencionado a otros episodios de contratación con el Principado en los que desde la Administración le pedían para determinados contratos que llevase otras dos ofertas, aparte de las suyas. "Por comodidad o por agilidad... siempre te pedían que fueran con tres ofertas", ha afirmado. Se trata de un procedimiento que era 'vox populi', según Azorín. "No me pareció ilícito, era normal; cualquier persona que esté en el mundo de la construcción sabe que lo que estoy diciendo es radicalmente cierto", ha manifestado.

IGRAFO

Sobre las relaciones de la empresa Nora con Igrafo, Azorín ha señalado que ambas compañías colaboraban y que aprovecharon la red comercial y la implantación de Igrafo. No obstante ha insistido en que Nora nunca perteneció a Igrafo.

Sobre unas supuestas declaraciones del empresario de Igrafo Victor Manuel Muñiz, que también está acusado, en las que llegaba a decir que controlaba a Nora, Azorín ha dicho que Muñiz era buen comercial pero que también era un "fanfarrón". La empresa Nora, según Azorín, ya no tiene actividad debido fundamentalmente al 'caso Marea'.

ERNESTO RIOPEDRE

En la sesión del juicio de la tarde de este miércoles también ha declarado Ernesto Iglesias, pero no en calidad de acusado, sino a título de responsable civil.

Ha declarado, entre otras cuestiones, que vivió "momentos caóticos" al frente de la empresa, que le hicieron adquirir "a prueba" una máquina de sondeos a una empresa del grupo de una de las compañías implicadas, APSA, para luego devolverla.

En su declaración, que por momentos resultó inaudible desde la zona donde se ubican los medios de comunicación, Iglesias señaló que tuvo que recurrir en varias ocasiones a su padre para cubrir gastos, como para una ampliación de capital de la compañía Geogal. Por el préstamo hipotecario de una nave que tiene en Galicia de 162 metros cuadrados abona 994 euros mensuales.