El titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, Miguel Presno, afirma que la iniciativa "es constitucional"
OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El delegado provincial de la Falange en Asturias, Jorge Cabanas, ha defendido este miércoles la iniciativa del Grupo Patriota Asturias de recoger alimentos en el entronque de González del Valle con Uría durante la mañana de este jueves 18 (de 10.00 a 13.00 horas) para su campaña de recogida de alimentos '1 Kilo, una esperanza' y ha recalcado que la iniciativa pretende que "nadie se quede sin comer".
Cabanas, en declaraciones a Europa Press, ha respondido así a la formación política Equo que ha exigido al Ayuntamiento de Oviedo que anule la autorización a Falange para que utilice la vía pública este jueves 18 para recoger alimentos destinados a "familias españolas necesitadas". Equo ha registrado en el Ayuntamiento una solicitud urgente para denegar la autorización.
Cabanas ha manifestado que algunos medios de comunicación y Equo han malinterpretado la campaña de recogida de alimentos y ha dejado muy claro que Falange es un partido legal y que no es racista. "Nosotros defendemos la Unidad de España y eso incluye a todas las personas que viven en España", señala.
Además ha destacado el responsable de Falange que tiene la aporbación municipal porque han solicitado la petición por los cauces totalmente legales.
ACTO CONSTITUCIONAL
Según ha explicado Equo a través de una nota de prensa, se trata de una acción "xenófoba" y va en contra de la Constitución Española, cuando habla de la dignidad de las personas.
En este sentido, el titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, Miguel Presno, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que la iniciativa de Falange "es perfectamente constitucional ya que es una entidad privada y, mientras lo haga de manera pacífica, puede llevar a cabo actividades que favorezcan a una parte de la sociedad".
Señala que una entidad pública no puede tratar de manera diferente, sin justificación, a las personas pero si se trata de una entidad privada, que no ejerce función pública ni presta servicio público, "puede usar la calle como lugar para expresar sus preferencias o reivindicaciones".
"Es un caso que evidencia que lo políticamente correcto y lo constitucioalmente posible no siempre coinciden", explica el titular de Derecho Constitucional.
