Piden 9 meses para el exdirector del Museo Etnográfico de Grandas de Salime

 

Piden 9 meses para el exdirector del Museo Etnográfico de Grandas de Salime

Actualizado 16/01/2015 13:16:17 CET

OVIEDO, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de nueve meses de prisión, el pago de una multa de 2.160 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años para el director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime entre finales de enero de 2010 y septiembre de 2011 por un delito de infidelidad en la custodia de documentos. La vista oral se celebrará este lunes, 19 de enero de 2015, en el Juzgado de lo Penal número dos de Avilés, a las 9.30 horas.

   El acusado ostentó el cargo de director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, con las atribuciones relacionadas en los estatutos del consorcio para gestión del mismo, desde el 27 de enero de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2011.

   El Ministerio Fiscal sostiene que, con anterioridad a su cese y faltando a los deberes de custodia propios de su cargo, hizo desaparecer información y documentación única, de la que no existía copia impresa, relativa al patrimonio etnográfico asturiano, contenida en el ordenador del museo.

   En concreto, en el mes de julio de 2011, el acusado encargó a una empresa con domicilio en Gijón la realización de diversas tareas informáticas, entre las que se hallaban un formateo del ordenador y una copia de los datos contenidos en el mismo, que se grabó en un disco duro externo, proporcionado por el acusado y que éste se quedó para sí.

   La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 416 del Código Penal, en relación con el 413 del mismo texto legal, y solicita que se condene al acusado a 9 meses de prisión, el pago de una multa de 6 meses con una cuota diaria de 12 euros (2.160 euros en total), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años, junto con el pago de las costas procesales.

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