OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita prisión para once acusados de estafar a 81 personas, la mayoría inmigrantes, entre los años 2006 y 2008. La vista oral comenzará este 1 de octubre de 2014, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón. El juicio está señalado para varios días.
El Ministerio Fiscal sostiene que, durante los años 2006 a 2008, los acusados, actuando de común acuerdo y operando en la trama como principal artífice una mujer , se lucraron de ingresos realizados por personas, mayoritariamente inmigrantes, en diferentes comunidades autónomas.
Para ello, los acusados intentaban obtener su confianza para las operaciones que les encomendaban, para las que, incluso, la acusada se hacía pasar en ocasiones por abogada.
Utilizando bien el contacto personal, por abordarlos en la misma calle, por prensa, en locutorios o en las oficinas que tenían abiertas al público, ofrecían a personas de otros países gestionarles permisos de residencia o trabajo e incluso se ponían a su disposición para conseguirles trabajo, bien para ellos o para familiares o conocidos que, en ocasiones, aún continuaban en su país de origen. Para ello aparentaban solvencia profesional.
Así, les ofrecían la oportunidad de conseguirles los permisos y, a veces, además, un contrato laboral a cambio de un desembolso económico que abonaban en efectivo o por transferencia bancaria, casi siempre de1.500 euros por persona o incluso más.
En ciertos casos, y para dotar a la operación de mayor verosimilitud, llegaban a cursar la petición sabiendo que el resultado sería infructuoso y con el único objetivo de mostrar el sello del correspondiente organismo estampado en la solicitud, conocedores de que no prosperaría por contener irregularidades.
Este modo de operar se realizaba aprovechando la estancia y situación en España de las víctimas, mayoritariamente inmigrantes, algunos irregulares, lucrándose los acusados a cambio de una suma de dinero que conseguían de manera fácil y rápida, vendiendo incluso contratos de trabajo como elemento clave para realizar la solicitud, constituyendo o valiéndose de sociedades instrumentales sin infraestructura de medios, con el único objeto de utilizarlas y resultar beneficiados por el estado de angustia y necesidad de sus víctimas.
Con esta actuación ofrecían puestos de trabajo inexistentes y cobraban tasas e impuestos que iban más allá de los meros gastos que generan las tasas e impuestos que han de abonarse a la Administración, obteniendo por ello un importante beneficio económico. Las personas engañadas ascienden a 81.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita que se condene a la principal acusada a siete años de prisión. Para cada uno de los demás acusados solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión.
