La Fiscalía solicita la condena de seis rumanos acusados de integrar una red de trata de blancas en Asturias

Publicado 02/02/2018 16:03:09CET

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado la condena de seis ciudadanos rumanos acusados de integrar una red de trata de blancas en Asturias. La vista oral está señalada para este lunes, 5 de febrero, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a las 10.30 horas. Las penas que reclama la Fiscalía ascienden, en total, a los 607 años y 4 meses de cárcel.

El Ministerio Fiscal sostiene que, con fecha 15 de febrero de 2012 se inició una investigación policial tras recibir un correo electrónico anónimo en la página de Colaboración Ciudadana de la web www.policia.es en el que se advertía que chicas rumanas del club Delfo's de Asturias pagaban un impuesto a bandas rumanas que les cobraban dinero y las tenían amenazadas con hacerles daño. De la investigación resultaron los siguientes hechos:

Dos de los acusados, dos hermanos, formaron un grupo criminal organizado. La finalidad de tal agrupación era captar mujeres fingiendo que iniciaban con ellas una relación sentimental en Rumanía, y conocedores de su precaria situación económica, con el pretexto de conseguirles un trabajo bien remunerado y una vida mejor, las desplazaban hasta España, donde las obligaban con violencia física y psíquica a ejercer, en beneficio de los acusados, actividades de alterne y prostitución en distintos locales.

En concreto, en los años 2011, 2012 y 2013, en los clubs de alterne y prostitución Delpho's y Model's, de Asturias. Cuatro de los acusados actuaban en Rumanía como captores de las chicas, las acompañaban hasta España, normalmente en avión hasta Madrid, y desde allí las trasladaban a Oviedo a residir en pisos alquilados por otro acusado, pisos que en el momento de la intervención policial estaban situados en la calle Rabanal y en la calle Ámsterdam de Oviedo.

Una vez en Oviedo, les retiraban la documentación y los teléfonos móviles y, tras advertirles que les debían el precio del viaje, cuyo importe nunca les informaban cuánto era, las obligaban con violencia física y psíquica a ejercer el alterne y la prostitución y a entregar íntegramente los beneficios obtenidos por tales actividades a los dos hermanos creadores de la banda.

Por imposición de los hermanos las mujeres iniciaban la jornada laboral a las 17.30 horas hasta el cierre del local de trabajo, normalmente en torno a las 5 o 6 de la madrugada. Ellas debían trabajar todos los días sin ninguno de descanso. También les impusieron como precio a cobrar por cada uno de los servicios sexuales un mínimo de entre 45 y 60 euros o más si se podía.

Dentro del local de trabajo dos mujeres, acusadas, que también realizaban actividades de alterne y prostitución, vigilaban al resto, controlaban y llevaban cuenta de todas las actividades realizadas por las mujeres, informaban periódicamente a lo largo de la jornada laboral mediante mensajes sms de teléfono a los dos hermanos.

Al finalizar la jornada se encargaban de recoger el importe obtenido por cada una de las chicas para entregarlo íntegramente. Cuando las mujeres se encontraban fuera del trabajo, ambas acusadas les informaban también de lo que las mujeres hablaban entre sí.

Los primeros meses después de su llegada, las mujeres entregaban íntegramente la totalidad de los ingresos obtenidos sin recibir nada a cambio con el pretexto de que debían pagar el billete del viaje. Posteriormente, les devolvían al final de la semana una pequeña cantidad de 200 o 300 euros a cada chica para sus necesidades básicas. De ese dinero cada una de ellas debía pagar su parte en el alquiler del piso en el que residían, la comida y el resto de sus gastos.

SIN LIBERTAD DE MOVIMIENTOS NI COMUNICACIÓN

Las mujeres no tenían libertad individual de movimientos, debían pedir permiso para salir a la calle y siempre tenían que hacerlo acompañadas al menos por otra persona o en grupo. Tampoco podían volver a Rumanía si ellos no se lo permitían.

Las mujeres no tenían libertad de comunicación, carecían de teléfono móvil propio. En España utilizaban teléfonos móviles que los acusados contrataban a nombre de las chicas o bien se trataba de terminales que habían sido previamente sustraídos a sus titulares sin que se haya acreditado la intervención de los acusados en dicha sustracción ni la forma en la que llegaban a su poder.

Los acusados cambiaban con frecuencia de teléfonos y se desprendían de ellos cada poco tiempo para evitar que la Policía pudiera rastrear y escuchar sus conversaciones.

Además de vigilarlas constantemente, con el fin de mantener a las mujeres sometidas, intimidadas y obligarlas a trabajar en su beneficio, los acusados las insultaban habitualmente; para mantenerlas atemorizadas con el fin impedir que se marcharan, las amenazaban personalmente de muerte incluso con objetos cortantes como espadas o katanas y también las amenazaban con causar daño a sus familias en Rumanía.

Los dos hermanos, líderes de la banda, las reunían en el salón y cuando no conseguían la cantidad que según su capricho consideraban suficiente, las maltrataban, las golpeaban con las manos y con los pies, las golpeaban la cabeza contra la pared, las cogían por las orejas, les daban patadas y puñetazos; normalmente las golpeaban a todas. Si no conseguían el dinero que a ellos les parecía suficiente tampoco les entregaban el dinero semanal de 200 o 300 euros para sus gastos.

Las víctimas ganaban una cantidad de, al menos, 2.500 euros semanales. Teniendo en cuenta que fueron 11 las mujeres que se encontraban en esta situación de explotación, el importe total obtenido por los dos hermanos ascendió, cuando menos, a 1.733.600 euros.

Ambos acusados sacaron de España y llevaron a Rumanía la totalidad del dinero obtenido por la explotación sexual violenta y coactiva a la que sometían a las mujeres, dinero que luego reintrodujeron en el circuito económico en su país adquiriendo terrenos, construyendo viviendas o adquiriendo bienes de alta gama.

El Ministerio Fiscal pide para los dos primeros acusados un total de 118 y 115 años de cárcel, mientras que para el resto de acusados la pena solicitada asciende a los 93 años y medio para cada uno. Todo ello hace una suma de 607 años y cuatro meses de prisión. Además, la Fiscalía pide que en concepto de responsabilidad civil los dos primeros acusados paguen indemnizaciones a las víctimas por 1.733.600 euros.