La Fiscalía sostiene que el dinero regularizado por Villa "no puede proceder de una herencia"

 

La Fiscalía sostiene que el dinero regularizado por Villa "no puede proceder de una herencia"

José Ángel Fernández Villa llega al Juzgado de Oviedo por la Operación Hulla
EUROPA PRESS
Actualizado 13/06/2017 17:22:41 CET

OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción asegura en la querella presentada en el Juzgado de Instrucción Decano de Oviedo contra el exsindicalista José Ángel Fernández Villa, el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, los familiares de ambos y varios colaboradores en el proceso de construcción de la residencia geriátrica de Felechosa, que las cantidades regularizadas por el exsecretario general del SOMA "no puede proceder de una herencia".

"La información obtenida de la base de datos de la AEAT ha revelado los ingresos por retribuciones brutas correspondientes a los rendimientos de trabajo entre los años 2006 y 2012 del grupo familiar, y atendiendo a la información fiscal y bancaria, el origen de las cantidades regularizadas no puede proceder de una herencia", afirma el Ministerio Fiscal en el escrito, dado a conocer este martes tras el levantamiento del secreto de sumario de la operación 'Hulla'.

Asimismo, indica que, frente a los 1,2 millones de euros regularizados en 2012 entre Villa (500.000 euros), su mujer (400.000 euros) y sus dos hijos (150.000 euros cada uno), el exsindicalista "únicamente" percibió por la herencia de su madre "la cantidad de 28.904,84 euros el 13 de abril de 2011". "Tampoco pueden proceder dichas cantidades, ni los demás movimientos de efectivo analizados, de sus ocupaciones profesionales ni de otros rendimientos de carácter lícito, al no haber tenido nunca dicho núcleo familiar tal capacidad de ahorro", añade la Fiscalía.

Igualmente, se detalla en el escrito que Villa "se prevalió del poder que le concedían los cargos que desempeñó desde el año 1978, principalmente como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de la Federación Socialista Asturiana y como secretario general de la organización sindical SOMA-FITAG-UGT", para situar al frente del Montepío en el año 2006 a Postigo. "Dicho poder le permitió también influir en la decisión de conceder a dicha Mutualidad una subvención a cargo de los Fondos Mineros de casi 31 millones de euros desde el Instituto de la Reestructuración de las Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, dependiente del Ministerio de Industria, para la construcción de la Residencia de Mayores de la Minería en Felechosa-Aller (Asturias), pese a que la normativa que regulaba en aquel momento la adjudicación de tales fondos no contemplaba dicha posibilidad".

"La connivencia llegó hasta el extremo de que mucho antes de que se aprobara la concesión de la subvención cercana a los 31 millones de euros, y se evadieran los obstáculos de toda índole que impedían legalmente el desarrollo del proyecto, el Montepío ya había elegido y contratado a la empresa que iba a ejecutar la obra, y dicha obra había comenzado sin que se dispusiera de recursos para sufragarla y sin contar con las autorizaciones preceptivas", sostiene la Fiscalía.

Respecto a Postigo, se apunta que "abusó" de su puesto en la mutualidad para obtener "entre los años 2003 y 2015 de forma fraudulenta fondos privados del propio Montepío a través de la utilización de empresas interpuestas en la concesión del servicio de limpieza de las residencias, y desviar parte del dinero publico recibido por el Montepío a través de la subvención, en su propio beneficio y también de las personas que coadyuvaron en la realización de las acciones necesarias para ello", entre las que señala a José Ángel Fernández Villa.

Tampoco considera posible el ministerio público, tras analizar la información fiscal y bancaria de Postigo y su familia, que las percepciones económicas percibidas durante todo el periodo objeto de investigación puedan justificar ni la regularización especial a la que se acogió en 2012, ni en la notable cuantía de compras realizadas. Del mismo modo, descarta que hayan sido su exesposa, sus dos hijas o su pareja "la fuente de obtención de las cuantías económicas no justificadas, conforme a las rentas declaradas y contrastadas como rendimientos fijados por la AEAT y la Tesorería General de la Seguridad Social".

Los querellados en esta causa son quince. Junto a Villa y Postigo también están la mujer, M.J.I.G., y sus dos hijos del exsindicalista, R.F.I y A.F.I.; así como la exesposa del exdirigente de la mutualidad, M.E.P.V., sus dos hijas P.P.P y M.E.P.P, y su actual pareja sentimental, D.B.

También han sido investigados el administrador de empresa constructora de la Residencia de Mayores la Minería, en Felechosa, J.A.F.F; el arquitecto autor del proyecto de la residencia, M.S.F; el arquitecto técnico del proyecto V.F.G.; la empresaria de limpieza R.D.T.; el asesor jurídico del Montepío R.V.S.; y el asesor económico del Montepío J.M.F.F.

La Fiscalía observa indicios objetivados de responsabilidad criminal, en cuanto que "se falsearon y ocultaron datos esenciales para obtener la subvención de fondos públicos estatales; el convenio de colaboración para la concesión de dicha subvención se firmó simulando la concurrencia de los requisitos necesarios para ello; se creó un procedimiento de licitación ficticio para la adjudicación de la obra".

También considera que "se concedió la subvención por un importe muy superior al que hubiera sido necesario para acometer dicho proyecto, estando éste sobredimensionado; no se destinó parte del dinero de la subvención a los fines para los que fue concedida; y se obtuvieron ilícitamente ingentes cantidades de dinero, posteriormente aflorado al circuito financiero legal".

De este modo, la Fiscalía sostiene que los hechos objeto de la presente querella podrían ser constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida y delito contra la hacienda pública y ello sin perjuicio de que puedan también ser constitutivos de otra serie de delitos que deberán investigarse en la instrucción respecto a las autoridades y funcionarios públicos intervinientes, como prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística o malversación de caudales públicos.

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