Foro urge al Principado a regular la intermediación inmobiliaria

 

Foro urge al Principado a regular la intermediación inmobiliaria

 Carmen Fernández interpelando al consejero durante el Pleno.
EUROPA PRESS
Publicado 21/05/2017 11:04:42CET

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Foro en la Junta General Carmen Fernández ha exigido este domingo al Gobierno del Principado que regule de forma "urgente" la intermediación inmobiliaria.

En nota de prensa, la parlamentaria ha hecho referencia a la Proposición No de Ley que ha registrado su grupo para instar al Ejecutivo del socialista Javier Fernández a regular la intermediación inmobiliaria en Asturias "con el fin de ordenar el sector, homologar a los agentes inmobiliarios capacitados y generar mayor protección al consumidor y confianza entre los ciudadanos".

"La iniciativa de Foro se debatirá en pocos días y esperamos que prospere pues supone también garantizar la protección de los consumidores a la hora de adquirir una vivienda", dice la diputada en el escrito.

Asimismo, Carmen Fernández remarca que "Asturias, pese a tener atribuida la competencia exclusiva en materia de vivienda, carece de una verdadera Ley que ordene el sector".

La diputada de Foro considera urgente esta regulación "a raíz del último 'Informe de Coyuntura Inmobiliaria 2017', elaborado y publicado recientemente por Euroval y su Instituto de Análisis Inmobiliario, en el que se refleja que el precio de la vivienda se acerca a los niveles de 2004 y que la demanda de vivienda presenta claros signos de recuperación".

"Es necesario abordar aspectos específicos, como la ordenación de la intermediación inmobiliaria en interés de la seguridad jurídica y de la protección del consumidor en la adquisición de vivienda bajo los criterios de transparencia. Los incumplimientos en la materia de protección de consumidores en el ámbito inmobiliario ponen de manifiesto el desconocimiento y desprofesionalización del sector inmobiliario por lo que la regulación administrativa de esta actividad conllevaría una mayor protección de los consumidores y usuarios, mayor transparencia e información a los ciudadanos y mayor seguridad precontractual de los mismos, permitiendo paliar circunstancias como la asimetría de la información entre oferentes, mediadores y demandantes, la falta de garantías y cauciones, y atajar la desconfianza del ciudadanos que afecta al mercado", dice.

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