El Gobierno asturiano ejercerá "toda su capacidad" ante la "invasión de competencias" de la reforma local

Actualizado 17/12/2013 22:44:17 CET
Martíenz, con la consejera de Bienestar Social, en rueda de prensa.
Foto: EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de la Presidencia del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha afirmado este martes que el ejecutivo autonómico "ejercerá toda su capacidad de reacción" ante la "invasión de competencias" que plantea la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Reforma Local, aprobada este lunes en el Senado. Lo decía en respuesta a la pregunta de si estudia una "cuestión de inconstitucionalidad" contra la nueva normativa.

   Se ha expresado en este sentido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha criticado duramente la aprobación de la nueva normativa en el Senado, así como el  planteamiento de la Ley de Planta y Demarcación Judicial.

   Al respecto de la reforma local, que considera una "contrarreforma", ha considerado que "afecta a competencias de la comunidad autónoma, en lo que se refiere a las entidades menores, y en la capacidad de autoorganización de la propia comunidad". Así, preguntado por una posible cuestión de inconstitucionalidad, ha señalado que "la comunidad va a ejercer toda su capacidad de reacción si se aprueba con este contenido (en el parlamento) para defender todas y cada una de las competencias de las que nos dota el Estatuto de Autonomía".

   A su juicio, la reforma local "aleja a los ciudadanos" de la prestación de servicios municipales y expropia a las "corporaciones locales" de los mismos. Recuerda además que "se discrimina a los municipios rurales", y que en el caso de Asturias, al no tener diputación, "será la propia comunidad la que asuma esas competencias sin aclarar su fórmula administrativa".

   En lo que se refiere a la reforma judicial, ha criticado que se eliminarán los 18 partidos judiciales con los que cuenta Asturias, para centralizarlos todos en Oviedo y se suprimirán los juzgados de paz "que ofrecen un servicio próximo al ciudadano y no son costosos para la Administración". Rechaza también que se pretenda "dar entrada a la iniciativa privada" en esta prestación de servicios.

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