La juez Hevia espera que la modificación de las sanciones de Táfico no pase "factura electoral" aunque lo ve "positivo"

Actualizado 17/06/2007 17:44:06 CET

GIJÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Penal número 2 de Gijón, Rosario Fernández Hevia, señaló que no sabe hasta que punto es "eficaz" la proposición de modificación del Código Penal en materia de Tráfico y mostró su deseo de que no acabe pasando "factura electoral" al Gobierno si se comprueba que no resulta práctica, como pasa a veces con otras leyes que se aprueban.

En una entrevista concedida a Europa Press, indicó no obstante que es "encomiable" los intentos del legislador para mejorar una situación que parece no tiene forma de reducir las muertes en carretera."Habrá que plantearse redimensionar las cárceles", indicó.

No obstante, alertó de que el hecho de que haya alternativas a la cárcel rebaja la "amenaza" que supone la pena de prisión, por lo que coarta la medida de presión que se pretende introducir con la modificación del Código Penal.

También señaló que el endurecimiento de las penas conllevara un incremento en el trabajo, tanto de los juzgados como de las fuerzas policiales.

Para Fernández Hevia, tal vez sería más adecuado introducir medidas educativas, no sólo en materia vial. En este sentido, recordó que el mayor número personas que sufren accidentes graves son hombres, entre 20 y 40 años.

Según ella, esto pone de manifiesto hasta qué punto para los chicos conducir rápido, tener coches potentes y correr riesgos forma parte de la manera en que "se hacen hombres". "Los coches potentes fundamentalmente tienen un público masculino",indicó. "Se relaciona con un hecho viril", agregó.

Asimismo, Fernández Hevia enfatizó que muchos jóvenes viven aún en casa de sus padres pero, en cambio, se compran un coche caro de gran cilindrada. Los hombres tienen muy marcado "el ánimo de competitividad", según ella.

Para la magistrada, sería necesario reformar también la legislación de la venta de bebidas alcohólicas. A este respecto, criticó que en los bares y restaurantes de autopistas se pueda vender cualquier tipo de alcohol. Una circunstancia que está totalmente prohibida en Francia, según Fernández Hevia, país donde sólo venden algo de alcohol si comes en el restaurante.

Según Fernández Hevia, los españoles "somos de los que más dependemos del coche en Europa". Asimismo, criticó que en la mayoría de las ciudades no haya tranvías y que los trenes de Cercanías no sean "buenos" en general y afirmó que las carreteras "son de pena". También se preguntó si no sería necesario limitar la velocidad de los vehículos en venta.

"EXCESIVA DUREZA" Por otro lado, el abogado gijonés consultado por Europa Press, Ignacio Manso Platero, indicó al respecto que no comparte "tanta dureza" en algunas de las sanciones, especialmente en las que se aplican sin existir un riesgo concreto. "Hay poco margen discrecional", dijo al respecto.

Para el letrado, hay zonas de la ciudad en las que no es lo mismo superar en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida, como puede ser en la M-30 o M-40 de Madrid. A pesar de ello, se mostró conforme en general con la proposición.

Además, Manso Platero señaló que el carné por puntos sí ha tenido incidencia en los conductores, especialmente a la hora de limitar la velocidad a la que van. Además, al igual que la magistrada Fernández Hevia, coincidió en que las cárceles están ya saturadas, por lo que cuando entren los conductores "no habrá sitio".

Por su parte, otro abogado consultado, Javier Díaz Dapena, señaló que algunas de las penas propuestas en la modificación del Código penal son "un poco excesivas", pese a que no le parece mal el proyecto de ley.

Al igual que el otro abogado, apuntó a que, en su opinión, debería haber un peligro "concreto". Asimismo, destacó que hay mucha gente que tiene condenas suspendidas, por no superar la pena los dos años de cárcel, que podrían entrar en prisión si son sancionados al cometer infracciones como conductores que conlleven prisión.

Por contra, Díaz Dapena ve positivo que pase a ser delito el conducir sin carné, algo actualmente sólo supone una infracción administrativa.

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