Un juez ordena repetir el pleno extraordinario de Siero para votar la moción de censura al alcalde

Actualizado 29/02/2012 11:37:28 CET

Dice que la suspensión cautelar de los 'populares' "no puede equipararse sin más a la expulsión" del Grupo

OVIEDO, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La magistrada titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por trece ediles del Ayuntamiento de Siero contra el Acuerdo de la Mesa de Edad que presidió el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento del pasado 31 de octubre por el que se acordó no seguir adelante con la tramitación de la moción de censura formulada por los recurrentes contra el alcalde, del PSOE, declarando la nulidad de pleno derecho del mismo, por vulnerar derechos fundamentales.

Según han informado fuentes del TSJA, en el fallo, el juez ordena a la administración demandada la celebración en el plazo de cinco días del Pleno Extraordinario que había sido convocado para el día 31 de octubre de 2011, "a fin de posibilitar, tras el preceptivo debate, la votación de la moción de censura suscrita por los recurrentes".

La moción de censura fue registrada contra el alcalde socialista Guillermo Martínez por los seis concejales de Foro, cuatro del PP, dos de PVF y uno de Conceyu. Es decir, 13 de los 25 concejales que integran la corporación.

Ello motivó que los cuatro concejales del Grupo Municipal Popular proponentes de la moción, -Luis Vázquez Suárez, Mª Jesús Berdasco Sierra, María Engracia Valle Quirós y Mauricio Bogomak Medeiro- fueron expedientados por el Partido y, cautelarmente, fueron suspendidos de funciones y de militancia.

SUSPENSIÓN "CAUTELAR"

Basándose en una sentencia del Constitucional, la juez sostiene que "si bien los cuatro concejales han sido suspendidos de funciones, así como de militancia, lo han sido cautelarmente o provisionalmente, por lo que, -a su juicio-, no cabe entender que los mismos hayan dejado de pertenecer al grupo político municipal al que se adscribieron al inicio de su mandato, ya que esa suspensión cautelar no puede equipararse sin más a la expulsión".

Entiende además que "no continuar la tramitación de la moción de censura ha impedido que los concejales firmantes pudieran ejercitar su derecho de control de gobierno, función básica del ejercicio del derecho fundamental a la participación política".

Contra la sentencia, que no impone las costas a ninguna de las partes, cabe interponer recurso de apelación en el plazo de quince días.