MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una decena de organizaciones sociales han denunciado este jueves, víspera del Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres, que mientras los presupuestos generales contemplan una partida de 31,7 millones de euros para estos fines, dedican 152 millones de euros a "material de oficina".
En un comunicado, las entidades entre las que figuran Médicos del Mundo o Alianza por la Solidaridad, inciden en que si bien el discurso público es de apoyo a la lucha contra la violencia sobre las mujeres, "los Presupuestos Generales del Estado (PGE) invierten más en folios y bolígrafos que en prevenirla".
"En concreto, 152 millones de euros en material de oficina frente a los 31,7 anunciados por la ministra Dolores Montserrat en mayo de este año, muy alejados de los 120 que reclamaban las organizaciones feministas", señalan.
Asimismo, detallan que la transferencia adicional de 2,7 millones de euros a las comunidades autónomas para asistencia a víctimas de violencia sexual anunciada el pasado mes de octubre "supone menos de lo que se gasta sólo el Ministerio de Fomento en seguridad privada cada año y poco más del doble de lo que cuesta subvencionar la cafetería del Parlamento (950.000€)".
Recuerdan que en el segundo trimestre de año 2017, un total de 40.366 mujeres aparecen en la estadística policial como víctimas de violencia de género, lo que supone un incremento porcentual del 20,7% en la variación interanual, ya que en el segundo trimestre de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género fueron 33.440.
"En un país en el que cada semana se registra al menos el asesinato de una mujer a manos de su pareja o ex pareja y cerca de 1.000 han muerto a manos de sus parejas o exparejas en los últimos 15 años, las comparaciones presupuestarias resultan especialmente dolorosas y reflejan el escaso interés político real por erradicar la violencia machista", denuncian.
En el particular de la violencia sexual, denuncian que mientras aumentan las agresiones, los recursos permanecen congelados: 7.240 mujeres fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual en España en 2016, 417 más que el año anterior, según los datos del Ministerio del Interior.
"Frente a este aumento de las cifras en los dos últimos años, la respuesta gubernamental no está a la altura: sólo 9 de las 17 comunidades autónomas españolas disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia). Y no hay un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual de carácter estatal", señalan.
Según afirman, "en algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas" lo que además, "genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado".
Destacan que además, la violencia sexual está excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que sólo recoge como tal la que se produce en el marco de una relación de pareja, lo que "deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección e indefensión jurídica".
"A esto se añade que el abordaje de las violencias sexuales no suele tener en cuenta a los grupos más vulnerables y sus especiales necesidades: niñas, jóvenes, mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes -en especial aquellas en situación administrativa irregular-, empleadas de hogar, mujeres con discapacidad, con problemas de drogodependencias o las que han perdido su hogar", indican.
Por todo ello, reivindican la incorporación de la violencia sexual en la legislación actual y futura sobre violencia de género, que la educación sexual esté presente en el currículum escolar de todos centros educativos "como una herramienta preventiva imprescindible de la violencia sexual", que se forme "adecuadamente" a los agentes implicados y que se proporcione una dotación económica suficiente para la lucha integral contra la violencia hacia las mujeres.
El Pacto de Estado para la Violencia de Género compromete al Ejecutivo a destinar a la ejecución de las medidas previstas al menos 200 millones al año durante los próximos cinco.
