OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha acordado este jueves por unanimidad iniciar un expediente administrativo sobre la posible responsabilidad patrimonial del exalcalde y actual delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, los exconcejales de Economía y de Presupuesto Jaime Reinares y Agustín Iglesias Caunedo, y de los exediles de Urbanismo José Agustín Cuervas-Mons y Alberto Mortera por su gestión en el conocido como 'caso Villa Magdalena'.
El Ejecutivo local ha designado por turno a dos funcionarios del Ayuntamiento, como instructor y secretario, para incoar el expediente que pretende esclarecer posible negligencia o culpa grave en la actuación de los principales responsables políticos en el proceso de expropiación del palacete de Villa Magdalena durante el periodo comprendido entre noviembre de 1998, cuando se hizo la primera tasación, y abril de 2008.
El expediente, que se desarrollará en unos dos meses entre sus diferentes fases, pondrá el foco en el entonces alcalde y sus principales concejales de gobierno, "sin perjuicio de que pudiera exigirse responsabilidad" a otros ediles del Ejecutivo del PP de aquella época. No obstante, parece quedar descartada la investigación sobre la actuación de funcionarios en el trámite. "No vale que los políticos, cuando la hacen, se pongan tras los funcionarios para escudarse", ha dicho el actual alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López.
En rueda de prensa junto al resto del Ejecutivo local, el alcalde ha indicado que la Junta de Gobierno está obligada legalmente ha abrir dicho expediente al conocer el relato de los hechos que se desprenden del informe independiente elaborado por la Fundación Universidad de Oviedo (FUO) así como los expedientes e informes previos tanto municipales como de la Sindicatura de Cuentas.
"Cuando hay hechos que implican negligencia o culpa grave estamos obligados a iniciar expediente de responsabilidad patrimonial", ha afirmado el alcalde, señalando la existencia de 66 "grandes momentos" en el proceso de Villa Magdalena que dan muestra de "la ingeniería especulativa e inmobiliaria que ha cargado sobre los ovetenses cerca de 60 millones de euros".
El informe de la FUO califica el daño causado a las arcas municipales de unos 43,8 millones de euros, como diferencia entre los 11,7 millones del primer justiprecio --que ya fue cuatro veces mayor del precio inicial de 3,1 millones-- a los 56,6 millones del precio final. Para el Gobierno local el daño rondaría los 45 millones, al sumar a esos 43,8 millones otro medio millón por el IVA indebido a Comamsa y otros 500.000 euros en asesorías e informes "a la carta".
Wenceslao López, que ha recordado que esta semana el Ayuntamiento ha hecho frente a la liquidación de 32,8 millones de deuda, ha remarcado que la parte expropiada aun mantiene abierto el procedimiento judicial. "Esta larga y triste historia de más de 20 años para los ovetenses aun está abierta", ha lamentado, destacando que la apertura del expediente es, además de una obligación, un acto basado en razones "éticas, democráticas y de interés público".
RECONOCIMIENTO A AÑOS DE OPOSICIÓN
Tanto Wenceslao López, como los concejales Ricardo Fernández (PSOE), Ana Taboada (Somos) y Cristina Pontón (IU), han hecho hincapié en la labor de la oposición y la ciudadanía durante todos los años del proceso.
"El PP ponía dificultades para que la oposición accediera a la información que solicitaba. Así era el nivel de blindaje para impedir que se pudiera exigirles responsabilidad. Como eran de izquierdas había que negarles todo", ha dicho López.
En la misma línea, Fernández ha calificado la gestión del PP de este caso como "mala forma de hacer política" que dejó al Ayuntamiento "vacío de contenido porque su riqueza se ha dilapidado". "Con esto culminamos un ciclo. Hasta aquí podemos llegar con arreglo al derecho y a la objetividad. Se ha hecho todo lo que se puede hacer para esclarecer los hechos y defender el interés general", ha asegurado.
Para Ana Taboada "los responsables de este latrocinio no podían marcharse de rositas" cuando tomaron "decisiones a sabiendas" del perjuicio para los presupuestos y, por tanto, para la ciudadanía. Sobre esa ciudadanía ha puesto el acento la vicealcaldesa, para quien su "lucha en la calle" hizo posible que el caso no se olvidara.
"Nos indigna como ovetenses", ha apuntado Cristina Pontón, repasando la labor de oposición de IU durante dos décadas y confiando en que los protagonistas de esa gestión "paguen con su responsabilidad patrimonial".
