OVIEDO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una condena de cuatro años y medio de prisión para un acusado de quedarse con 164.000 de una mujer que le contrató para la tramitación de la liquidación del Impuesto de Sucesiones de la herencia de su marido.
El juicio se celebrará el lunes, 5 de junio de 2017, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas, según informa el Ministerio Fiscal.
La víctima estaba divorciada del fallecido, con quien había tenido un hijo. Cuando el hombre murió el 21 de octubre de 2011, quedó como heredero a su único hijo, quien también falleció el 26 de noviembre de ese mismo año, sin haber aceptado ni renunciado a la herencia, siendo su única heredera su madre, que, a la fecha de la muerte de ambos, tenía 75 años.
La herencia consistía en una finca urbana en Lena (valorada en 20.000 euros), otra finca rústica en el mismo concejo (valorada en 250), el saldo de cuentas bancarias, depósitos y fondos de inversión en BBVA por importe de 200.651,18 euros, un seguro de vida por importe de 30.601,01 euros y otros productos por importe de 493,45. El total de la herencia ascendía a 231.745,64 euros.
Para tramitar la correspondiente liquidación de los impuestos de sucesiones, la mujer contrató en el mes de julio de 2012 al acusado, persona a la que había conocido a través de unos familiares. Éste manifestó que para poder llevar a cabo las gestiones encomendadas necesitaba que le otorgara un poder a su favor.
Así, el día 7 de agosto de 2012, la víctima otorgó en Oviedo un poder especial para aceptar, repudiar herencias, liquidar impuestos y en general, todo lo que tuviera relación con las herencias a recibir, a favor del acusado, en la creencia de que era necesario para las gestiones a realizar, poder que le revocó el 21 de julio de 2014, ante las irregularidades detectadas.
La Fiscalía sostiene que el acusado se quedó con 164.469,46 euros. El hombre carece de antecedentes penales computables para la causa, aunque fue condenado en 1996, 2001 y 2004 por falsificación de documentos públicos y estafa.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa y solicita que se condene al acusado a 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, multa de 10 meses con una cuota diaria de 8 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, pago de las costas y abono de una indemnización a la víctima de 164.469,46 euros, más los intereses legales correspondientes.
La vista oral estaba señalada inicialmente para el día 11 de mayo, aunque en esa ocasión tuvo que suspenderse al no presentarse el acusado en la Sala, alegando problemas de movilidad. Tras ello, la Sección Tercera, a petición de la Fiscalía del Principado de Asturias y la acusación particular, decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, ante el riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la Justicia, ya que consideró que la excusa que planteó para no acudir al juicio fue una "maniobra elusiva".
