Piden prisión y el pago de indemnizaciones por más de 870.000 euros para cuatro acusados por un accidente laboral

 

Piden prisión y el pago de indemnizaciones por más de 870.000 euros para cuatro acusados por un accidente laboral

Actualizado 05/04/2012 15:43:44 CET

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Delegada de Siniestralidad Laboral del Principado, Esperanza González Avella, solicita una condena de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo durante tres años e indemnizaciones que suman más de 870.000 euros para cuatro acusados por un accidente laboral ocurrido en El Berrón en 2006.

En dicho accidente laboral, un trabajador sufrió lesiones que le causaron invalidez, por lo que precisa de la ayuda de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria y de una silla de ruedas para desplazamientos, además de un trastorno de ansiedad con importantes componentes depresivos, entre otras alteraciones.

La vista oral está señalada los días 9, 11 y 13 de abril de 2012 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 9.00 horas. Los acusados son J.M.R.G., nacido en 1956; J.C.Á.Á., nacido en 1950; L.G.A.F., nacido en 1963; y M.O.V., nacido en 1972.

La Fiscalía sostiene que, sobre las 13.00 horas del 7 de febrero de 2006, J.M.M.R., de 36 años, oficial montador, se encontraba realizando el cerramiento de las cubiertas de un conjunto de naves industriales en construcción, ubicadas en la finca Las Meanas, en El Berrón (Siero). Con él se encontraba el acusado L.G.A.F., titular de la empresa para la que trabajaba J.M.M.R.

Cuando se disponía a bajar desde la cubierta, utilizando una plataforma elevadora móvil de personal, se cayó al interior de la nave por un hueco que estaba sin proteger. A consecuencia de la caída, J.M.M.R. sufrió múltiples lesiones por las que tardó en curar 720 días, de los que 515 tuvo que permanecer hospitalizado. Le han quedado varias secuelas, entre ellas, invalidez, precisando la ayuda de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria y de una silla de ruedas para los desplazamientos. Además, padece un trastorno de ansiedad generalizada con importantes componentes depresivos, entre otras muchas complicaciones.

Tras el siniestro, J.M.M.R. tuvo que adaptar su vehículo a su nueva situación, lo que le ocasionó unos gastos de 2.058,16 euros, al igual que su vivienda, por 11.153,40 euros.

La Fiscalía mantiene que no se contaba con un sistema definido y seguro de acceso a las cubiertas, no existía coordinación ni cooperación entre las empresas en materia preventiva y no se cumplían las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. La situación de peligro no sólo afectaba al trabajador lesionado, sino también al resto de los empleados de la empresa.

Los acusados J.M.R.G. y J.C.Á.Á. eran los administradores de la empresa contratista principal de la obra y, por lo tanto, máximos garantes de la adopción y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud, conocedores de la ausencia de las medidas de seguridad que determinaron la producción del accidente y obligados a coordinarse en su observancia y cumplimiento con la empresa subcontratada.

El acusado L.G.A.F. era titular de la empresa subcontratada para el cerramiento de las cubiertas mediante chapas metálicas y de la que era empleado el trabajador lesionado. Era, por tanto, máximo garante de la adopción y cumplimiento de las medidas de seguridad y salud. No obstante, conocedor de la ausencia de éstas, permitió que el trabajador, a sus órdenes directas, realizase su actividad en las condiciones de inseguridad que determinaron el accidente. Además, estaba obligado a coordinarse en la observancia y cumplimiento de las medidas de seguridad con la empresa contratante.

El acusado M.O.V., coordinador de seguridad de la contratista principal, era conocedor de que los trabajos se estaban ejecutando sin cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, cuya vigilancia y control le correspondía llevar a cabo.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316 y 318 del Código Penal, en concurso con un delito de lesiones imprudentes.

De este modo, solicita que se imponga a cada uno de los acusados tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo durante ese tiempo, junto con las costas procesales.

Además, pide que se les condene a indemnizar, de forma conjunta y solidaria, a J.M.M.R. con 41.126,25 euros por las lesiones que sufrió, con 615.135 euros por las secuelas, con 2.058,16 euros por los costes de adaptación de su vehículo y con 11.153,40 euros por la de su vivienda, así como con el importe de los gastos asistenciales que acredite.

El Ministerio Público solicita igualmente que indemnicen a la esposa del trabajador herido con 120.765,65 en concepto de perjuicios morales, con 80.000 a su madre, por el mismo concepto, y al Sespa y al psicólogo que lo atendió con los gastos asistenciales que acrediten. De estas cantidades responderán directamente las compañías aseguradoras de la empresa propietaria de la finca donde se desarrollaban los trabajos y de la subcontrata, así como las de los acusados y, subsidiariamente, la empresa propietaria de la finca, la contratista principal y la subcontrata.

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