OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Podemos en la Junta General Lucía Monteja ha acusado este martes a la Consejería de Cultura, y a su Dirección de Política Lingüística, de "prevaricación", por adjudicar un estudio sobre la toponimia de los concejos de Coaña, Villayón e Illano, a una empresa de ingeniería, algo que contradice, según la parlamentaria, la Ley de Contratos.
En una nota de prensa, Montejo ha explicado que el "Sector Público prohíbe adjudicar contratos a personas jurídicas cuando la prestación contratada no esté dentro del objeto y fines de su actividad, de acuerdo con sus estatutos, que es exactamente lo que ha sucedido".
De forma paralela, ha continuado, "había dos equipos más de especialistas trabajando en labores de toponimia, y los tres casos se vieron envueltos en una serie de irregularidades en cuanto a plazos y formas de contratación".
Tal es así, que, según Podemos, "al interesado le ofrecieron al posterior concurso público con la promesa de que lo iba a ganar". "Esto es ya de por sí un absoluto escándalo, porque de confirmarse los hechos estarían hablando de un nuevo caso de prevaricación en la Consejería de Educación y Cultura", ha denunciado Montejo.
Asegura que "el propio interesado interpuso un recurso contra esta adjudicación, pidiendo la suspensión cautelar de la adjudicación al alegar que dicha empresa no cuenta en su objeto con este tipo de actividades". Es más, "la propia empresa reconoció que la única experiencia que tenían de algo parecido a toponimia fue un recuento de contenedores de basura en Cangas del Narcea", ha criticado la representante de Podemos Asturies. En ese sentido, ha interpelado al Consejero de Educación: "Dígame usted, que también es Filólogo, qué relación existe entre contar contenedores y hacer estudios toponímicos".
Montejo, que califica estos hechos como "muy graves, ya que se podría tratar de un caso de prácticas ilegales para favorecer a empresas amigas", denunció que "por si fuera poco, mantuvieron una reunión con los máximos responsables de la Dirección General de Política Lingüística y la solución que les dieron fue ofrecerles 'trabajos compensatorios' con la Consejería a cambio de que no denunciaran las irregularidades, avisándoles de que si seguían adelante no volverían a trabajar".
