Podemos presenta una moción urgente para prevenir los desahucios de vivienda habitual

 

Podemos presenta una moción urgente para prevenir los desahucios de vivienda habitual

Diputados de Podemos en la Junta General de Asturias
EUROPA PRESS
Publicado 11/10/2015 19:18:41CET

OVIEDO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Podemos en la Junta General presenta una moción urgente para prevenir los desahucios de vivienda habitual en Asturias, tras interpelar en el pleno de esta semana a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela.

Para Podemos, el objetivo debe ser "prevenir desahucios". Así, considera que las políticas del Gobierno de Javier Fernández con respecto a los desahucios "es nefasta porque ni el Plan de Choque contra los desahucios, anunciado en diciembre de 2012 por el Gobierno de Asturias, con su ventanilla de atención a personas afectadas por una ejecución hipotecaria, ni el Servicio de intermediación hipotecaria han conseguido paliar el problema, hasta el punto de que la semana pasada sólo la intervención de la ciudadanía organizada, a través de Stop Desahucios, impidió que tres familias fueran expulsadas de sus viviendas y puestas en la calle".

Con su moción, la formación propone la creación de una comisión integrada por las administraciones local, autonómica y judicial, las entidades bancarias y las organizaciones de la sociedad civil, que detecte los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales y de adoptar las medidas necesarias para evitar los desahucios.

Además, Podemos insta al Gobierno del Principado "a ejercer la capacidad de negociación que confiere su condición de principal cliente de los bancos que desahucian a la gente de sus casas y que acaparan un enorme stock de casas sin gente, para que acepten la dación en pago a los deudores de buena fe y faciliten el acceso a las viviendas vacías mediante alquileres sociales".

Del mismo modo, pide que se modifique la actual regulación de los procedimientos de adjudicación por urgencia y por emergencia "que permiten 'no renovar el contrato', es decir, desahuciar de viviendas públicas a familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión, reduciendo el plazo legal máximo de dos meses del que disponen los ayuntamientos para remitir las solicitudes de viviendas de emergencia social, y el de un mes del que dispone la Consejería para resolverlas".

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