El Principado contesta a IU que no va a aplicar la "factura en la sombra" en sus consejerías

Publicado 31/03/2018 12:08:39CET

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha rechazado aplicar la "factura en la sombra" en sus consejerías, tal como afirmó el portavoz de Izquierda Unida en la Junta General, Gaspar Llamazares, al registrar en el parlamento una serie de preguntas relativas a este asunto en enero.

Por entonces el portavoz de IU presentó una serie de preguntas en la que interpelaba al Gobierno del Principado por los estudio e informes que hayan sido encargados en relación con la necesidad, viabilidad y evaluación de efectividad de la implantación del sistema de 'factura en la sombra' en la sanidad asturiana.

El sistema supondría entregar a los usuarios, a título informativo, un documento con el coste del servicio que se le ha prestado. Pero Llamazares advirtió que las comunidades que pusieron en su día ese "experimento" lo han abandonado.

Tras rechazar que esa 'factura en la sombra' vaya unida a una visión coactiva de la administración sanitaria o que sea el primer paso para futuros copagos sanitarios, Llamazares ha recordado que el propio Gobierno asturiano sostuvo en 2010 que no la pondría en práctica ya que era mayor su coste que su beneficio.

Además, preguntó al Consejo de Gobierno sobre para qué servicios públicos, además del sanitario, tales como educación, servicios sociales o justicia tiene previsto el Consejo de Gobierno la puesta en marcha de la 'factura en sombra'.

Frente a todas estas preguntas, las consejerías interpeladas --Presidencia, Hacienda, Servicios Sociales, Desarrollo Rural, Infraestructuras, Educación, y Empleo-- contestaron negativamente a Izquierda Unida, afirmando que "no tiene previsto la puesta en marcha de ningún instrumento en este sentido".

La consejera que más se ha extendido en su respuesta ha sido la de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, quien ha explicado que "un amplio porcentaje de los recursos de servicios sociales son de copago y regulados pro una normativa de precios públicos".

Así, ha explicado que estos precios públicos son una cantidad económica de referencia del coste de los servicios para los usuarios, aunque su aportación al copago de los mismos "varía dependiendo de otros criterios" como el nivel de ingresos, patrimonio o dependencia.

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