El Principado garantiza que los trabajadores no tendrán que devolver el dinero de la carrera profesional y descarta recurrir

 

El Principado garantiza que los trabajadores no tendrán que devolver el dinero de la carrera profesional y descarta recurrir

Actualizado 17/06/2009 16:08:49 CET

Migoya apuesta por trabajar en la Ley de Función Pública del Principado en paralelo al Estatuto del Personal Docente

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, descartó hoy que el Gobierno asturiano vaya a recurrir el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que anula la resolución de mayo de 2007 sobre el pago a cuenta de la futura carrera profesional y que afecta a 14.000 empleados públicos.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede de Presidencia, Migoya garantizó además que los trabajadores de la Administración regional no tendrán que devolver el dinero, aunque el Principado, tras la sentencia, tendrá que dejar de abonar el pago a cuenta a partir de la nómina de julio. Las cantidades oscilan desde los 56 hasta los 216 euros mensuales.

Migoya explicó que el Principado ha decidido no recurrir el fallo porque un "revés" en el Tribunal Supremo podría suponer el riesgo de que los trabajadores tuviesen que devolver las cantidades percibidas hasta la fecha por ese concepto. El Gobierno regional venía destinando anualmente para ese pago a cuenta unos 21 millones de euros.

La Consejera de Administraciones Públicas señaló que el Ejecutivo acata la sentencia pero consideró "incomprensible" que haya sido fruto del recurso presentado por cuatro sindicatos minoritarios, Suatea, CSIF, CSI y USO y un particular, Germán Abad. "Es una paradoja", señaló Migoya, "que unos sindicatos hayan ganado una sentencia que perjudica a trabajadores".

FUTURO

La sentencia anula el pago a cuenta porque no tiene cobertura lega. Así, Migoya dijo que la prioridad del Gobierno será trabajar para dotar a ese pago de la necesaria cobertura legal. No obstante, señaló que dependerá de dos leyes. Por un lado, la Ley de Función Pública, dependiente del Principado, pero por otra, el Estatuto Básico del Personal Docente, dependiente del Estado.

Así, Migoya señaló que el Gobierno podría presentar ya la Ley de Función Pública, pero que esta sólo afectaría a 6.000 de los 14.000 trabajadores. El resto son docentes. El objetivo del Gobierno, explicó, es "no dejar fuera a los docentes", por lo que apostó por lo que las dos normas se elaboren "en paralelo" para que no se produzca ninguna disfunción. En este sentido, señaló que el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, ha trasladado recientemente al ministro de Educación, Ángel Gabilondo, la necesidad de que se apruebe el Estatuto cuanto antes.

A pesar de que organizaciones que ayer pedían la dimisión de Migoya, ésta señaló que la sentencia del TSJA no afecta sólo al Gobierno, sino también a los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO que son codemandados.

Así, recordó que el acuerdo que propició el pago a cuenta, gestado fruto de un acuerdo entre el Gobierno regional y los sindicatos UGT y CCOO en diciembre de 2006. Migoya señaló que se trataba de un acuerdo "amplio", con un marco de regulación del ámbito sanitario, pero con la firme voluntad de extender el modelo de carrera profesional al resto de funcionarios.

Explicó que el Gobierno aceptó entonces una reivindicación sindical, siendo la la primera comunidad autónoma que daba ese paso, estableciendo un pago a cuenta del primer nivel de la futura carrera profesional desde 2007. "Fuimos sensibles, a pesar de que nos supuso un esfuerzo económico", apuntó.

Preguntada sobre si existía la posibilidad de que, una vez solventada la cobertura legal, restituir a los funcionarios las cantidades que van a dejar ahora de percibir, Migoya dijo que no, dado que las normas tienen una fecha concreta de entrada en vigor. Consideró prematuro hablar de la posibilidad de compensar la diferencia a base de complementos de productividad, e insistió que la prioridad del Gobierno es la de dotarse de la cobertura legal mencionada para el acuerdo adoptado en 2006.

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