GIJÓN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La vista oral prevista para este martes en el Juzgado de lo Penal número uno de Gijón para juzgar a una madre y a una hija acusadas de estafar en 2013 a varios hosteleros de Gijón a los que dejaron deudas que suman más de 5.600 euros se ha suspendido por renuncia del abogado de las acusadas.
El letrado, Carlos Gonzalvo, ha renunciado esta mañana en los juzgados antes del comienzo del juicio. En sede judicial sólo se encontraba la hija, ya que la madre no acudió al presentar un justificante médico.
La Fiscalía del Principado de Asturias solicita para ambas una pena de dos años y tres meses de prisión. Sostiene que las acusadas, madre e hija, aparentando una capacidad económica de la que carecían, se concertaron para obtener la prestación de servicios y la adquisición de productos, que no pensaban pagar, en varios establecimientos de Gijón.
Así, durante dos semanas del mes de julio de 2013, las acusadas acudieron al establecimiento de catering y comida para llevar La Perdiz Roja, en la calle Juan Alonso de Gijón, donde, tras acordar con el propietario que el precio del menú diario iba a ser de 6,50 euros, efectuaron consumos en este local por importe de 65 euros, que no abonaron.
Entre el 26 de julio y el 24 de septiembre, también de 2013, las acusadas fueron al establecimiento El Puente Romano, en la calle Marqués de Casa Valdés de Gijón, donde, tras acordar con su propietario y la esposa de éste que iban a comer diariamente en su local y pagar las consumiciones el día 25 de cada mes, efectuaron consumiciones por importe de 4.118,50 euros, que las acusadas no abonaron.
Entre el 23 de septiembre y el día 30 de octubre de ese mismo año, las acusadas fueron a comer diariamente y a cenar algunos días al establecimiento El Bosco, en la calle Melquiades Álvarez de Gijón, donde se presentaron como personas con notable capacidad económica y, tras acordar con su propietario la forma de pago de todas las consumiciones, que tendría lugar el día 25 de cada mes, efectuaron consumos en dicho restaurante por importe de 1.430,40 euros, que las acusadas no pagaron.
Durante el mes de agosto de 2013, las acusadas acudieron diariamente al establecimiento Pili Carrera, en el paseo Begoña de Gijón, donde lograron que una de las empleadas del establecimiento les dejara unos zapatos de niño valorados en 66 euros, con el compromiso de pagar su importe tras comprobar que le servían al niño al que pensaban regalárselos. Tras pedirles en varias ocasiones que pagaran estos zapatos las acusadas se negaron a ello.
Las acusadas han sido condenadas por sentencia firme en mayo de 2012 por un delito de coacciones, a la pena cada una de ellas de quince meses multa con una cuota diaria de seis euros y las accesorias correspondientes.
