GIJÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio por el supuesto fraude de Mina La Camocha se ha reanudado este lunes con la declaración del ex presidente, consejero y apoderado de la misma, Manuel Martín Martín, quien ha reconocido la compra de carbón pero ha negado que fuera delito. "Nadie ha probado que Mina La Camocha destinara parte de la ayuda a comprar carbón", ha matizado en la sesión del juicio, celebrada en el Penal número 2 de Gijón.
Martín ha confesado que si se hizo fue para mantener la empresa "en pie", tal como se habían comprometido a hacer más allá de la fecha dada para el cierre de minas, en 2002. Este ha defendido que, con el déficit que arrastraban, había que hacer algo "extraordinario" porque, según él, socialmente era "imposible" cerrar la mina porque tenía cerca de 800 trabajadores y no tenían dinero para indemnizaciones.
Así lo ha indicado en el juicio repetido que se celebra contra él y otras tres personas, Ángel Manuel García Brugos (administrador único de Hullas de Coto Quirós), Guillermo Alfredo Honrubia Álvarez (apoderado tanto de Hullas Coto Quirós como de trabajos y Explotaciones) y Margarita García Fernández (responsable de contabilidad y apoderada de Mina La Camocha), al haber fallecido un cuarto procesado tras la primera sentencia, el ex consejero de Industria del Gobierno asturiano, Víctor Zapico.
Martín, que se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal y el abogado del Estado, ha insistido en que Mina La Camocha podía comprar carbón porque figuraba en sus Estatutos. Es más, ha sostenido que no existe ley que prohíba comprar carbón a una mina subvencionada, para precisar después que no es lo mismo recibir una subvención al funcionamiento de la empresa que a la actividad.
Ha apuntado, asimismo, que la finalidad de la ayuda era la producción de carbón rentable, algo que, según él, solo se podía hacer por la vía de la reducción de costes. "Nadie ha sido capaz de decirnos dónde está la alteración sustancial de la ayuda", ha recalcado sobre los delitos que les imputan a los acusados.
En todo caso, ha cifrado en no más de 17.000 toneladas las compradas y no 24.000 como dice la investigación. Asimismo, ha recalcado que en 1998 cambió el sistema de ayudas, con lo que la empresa, que esta pasó a desligarse de la producción. Antes, según él, era una empresa "a gastos pagos" y con el nuevo sistema ya no.
PLAN DE CIERRE
Se pasó entonces a percibir una única ayuda destinada a la reducción de la actividad pero establecida en un plan plurianual. Estos cambios redujeron la ayuda en un 20 por ciento, que se sumó a un déficit de ingresos, una bajada de producción y una bajada del precio del carbón, por lo que había "una presión tremenda", ha confesado.
Se llevó a cabo en ese momento un plan de ahorro, con lo que se redujo al mínimo el número de consejeros (3), se dejó de abonar dietas, se vendieron propiedades, se hizo una congelación salarial y se renegociaron precios y la deuda. "Había que hacer 'cash'", ha relatado, antes de incidir en que el objetivo no era el beneficio industrial sino quitar deuda.
Con todo, ha opinado que se cumplieron "ampliamente" los objetivos y condicionantes de las ayudas recibidas. "La mina destinó la ayuda allí donde tenía que destinarla". En este caso, ha explicado que el dinero fue principalmente a dos cuentas: los pagos de personal y el de la deuda.
Por otro lado, ha señalado que la también acusada Margarita García, solo se dedicaba a la contabilidad y pagos de la empresa, mientras que del procesado Ángel Manuel García Brugos, dijo que con quien trataba en Hullas Coto Quirós era con sus hermanos, Fernando (presidente de la empresa) y José Luis, ya fallecidos ambos.
En el caso de Margarita García, esta, que solo ha querido contestar a su abogada, ha dicho no entender muy bien que se hable de falseamiento de la producción y que entre los acusados no haya nadie responsable de este área.
Ha recalcado, asimismo, que ella solo se dedicaba a firmar la carta que acompañaba a las certificaciones que se remitían a la Administración Central, además de ser apoderada junto a otras dos personas. Según ella, era Zapico, el ex consejero de Industria, quien revisaba todas las facturas y quien daba el visto bueno. En su opinión, el problema de la empresa era la deuda "brutal" heredada con Hacienda y la Seguridad Social.
DE BUENA FE
"Trabajé de buena fe y aquí estoy", se ha lamentado. "Además por segunda vez, y es muy duro", ha añadido, para incidir después en que después de 13 años en la empresa con auditorías fiscales y del Estado no iba a sospechar que se falsearan facturas. Según ella, las ayudas iban destinadas al pago de la deuda, las nóminas y prejubilizaciones.
"Estoy sufriendo mucho, yo sé que soy inocente", ha apuntado antes de que el juez la interrumpiera para pedirle "sosiego" en su declaración. Ha defendido, a continuación, que ella no era responsable de ningún departamento ni podía mandar "en nada". "Yo no tengo nada que ocultar, siempre he colaborado en todo", ha manifestado.
Por parte de Guillermo Alfredo Honrrubias, quien tampoco quiso declarar ante la acusación, ha reconocido que la empresa de Hullas Coto Quirós la llevan los hermanos del también acusado Angel Manuel García Brugos, mientras que este "nunca" le dio órdenes. Para él, "quien cortaba el bacalao era Fernando", ha dicho, aunque quien daba las órdenes era José Luis.
Ha defendido, asimismo, que siempre recibió órdenes y nunca actuó por iniciativa propia. "Aquí no se cuestionaba nada", ha apuntado. Ha señalado, además, que él no estuvo presente en el registro a la oficina, pero ha precisado que el ordenador en el que se encontró documentación de Mina La Camocha no era de uso exclusivo suyo. De esta última empresa con quien tuvo alguna relación fue con Zapico, al que se ha referido como "el de las perras". Y aunque ha reconocido que él como apoderado podía hacer contratos, ha precisado que no se atrevía.
Respecto al administrador único de Hullas Coto Quirós, este ha reivindicado su inocencia y no conocer nada de los hechos que se le imputan. Es más, ha indicado que fue su hermano quien le propuso como administrador único pero que, como tal, no ejerció ni firmó "nada".
SIN PREGUNTAS
"Nunca pregunté nada", ha asegurado. "Yo lo desconocía todo", ha insistido, para explicar después que él estaba en aquella época estudiando en León, mientras que sus hermanos, que le sacaban 20 y 27 años, se ocupaban de la empresa y eran quienes mantenían el hogar familiar tras el fallecimiento de su padre. "Nunca di ninguna orden", ha reiterado varias veces.
"No hay ninguna firma mía por ningún sitio", ha indicado. "No sabía absolutamente nada", ha remarcado. Ha dejado claro, también, que no poseía ninguna acción de la empresa ni recibió retribución a razón de su cargo.
Y con respecto a la condena por fraude fiscal, ha apuntado que su hermano le convenció de que era mejor declararse culpable para conseguir un ahorro en la multa económica y que él se haría cargo de la misma. Algo que hizo hasta 2010 que falleció, pero que su viuda no decidió cumplir con ese compromiso, por lo que tuvo que ir a la cárcel por incumplimiento del pago.
El juicio se retomará el próximo 2 de junio contra los cuatro acusados. La Fiscalía pide de nuevo para los cuatro acusados nueve años de cárcel, tres por cada uno de los tres delitos, y el pago de una multa de 5.696.400. También solicita a los procesados el pago conjunto de 17.089.200 euros, cantidad a la que ascendió el importe de las ayudas percibidas por Mina La Camocha "indebidamente" en los ejercicios de 1998, 1999 y 2000.
