Ecologistas en Acción denuncia los riesgos de las fumigaciones aéreas en Valdáliga

 

Ecologistas en Acción denuncia los riesgos de las fumigaciones aéreas en Valdáliga

Publicado 29/09/2014 12:21:41CET

SANTANDER, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción (EA) ha denunciado ante las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente la realización de fumigaciones aéreas en los montes de Valdáliga que rodean Treceño, El Mazo, Roiz y La Sierra, al norte de las estribaciones de la Sierra del Escudo y en torno al Monte Corona, Caviedes y San Antonio, con el "pretexto", según la organización, de combatir la plaga de la procesionaria del pino.

Según explica EA en un comunicado, su rechazo a la fumigaciones se suma a las "preocupaciones" de ganaderos y agricultores del municipio por la utilización "indiscriminada" de una técnica que se ha revelado "sumamente peligrosa" al no poder diferenciar su alcance e impactos tóxicos en áreas donde se intercalan núcleos habitados, instalaciones ganaderas, cultivos frutícolas y hortícolas, aprovechamientos pratenses, pastizales, manantiales y cursos de agua donde los procesos de bioacumulación van degradando las condiciones ambientales y la seguridad sanitaria de la zona.

Frente a ello, Ecologistas en Acción propone volver a técnicas tradicionales de carácter manual, "mucho más eficaces e inofensivas", en su opinión, para personas, animales, plantas, aire, suelos y agua; restringir las plantaciones arbóreas de crecimiento rápido con localizaciones mucho más selectivas y exigentes en servidumbres y distancias, y romper su carácter compacto e intercalar formaciones vegetales autóctonas y mixtas para dificultar la propagación de plagas e incendios.

Por último, consideran que la seguridad y calidad alimentarias como garantía del valor añadido de los productos de los aprovechamientos agroganaderos que aún resisten en los municipios rurales son "incompatibles" con este tipo de actuaciones contaminantes, resultan particularmente costosas, no crean empleo, y causan alarma social al producirse sin que los ayuntamientos, juntas y vecinos puedan pronunciarse al respecto o, en última instancia, adoptar precauciones o formular y aplicar alternativas más respetuosas y beneficiosas para sus intereses.

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