MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha acordado hoy exigir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que convoque cuanto antes una reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), que ayude a "resolver las cuestiones relacionadas con la aplicación de la reforma local que más dudas están generando a los ayuntamientos".
Así lo ha acordado la dirección de la FEMP en su reunión mensual, este martes. La convocatoria de la CNAL deberá servir para "aclarar" también algunos aspectos sobre la posibilidad legal que se ha dado a los ayuntamientos de invertir el superávit, a través de una nueva legislación publicada en el BOE este fin de semana que abre esta puerta a los municipios saneados y con bajo nivel de deuda financiera y comercial.
La nueva regulación, que permitirá a los Ayuntamientos invertir el superávit en 2014 e incluso trasladar su ejecución a 2015, ha sido bien acogidas por las entidades locales, aunque, según se ha puesto de relieve en la Junta de Gobierno de la FEMP, precisa de alguna aclaración para evitar que la inversión de los remanentes de tesorería compute como déficit.
Finalmente, en la CNAL se dará traslado también de la necesidad de que se revise a la baja el tipo de interés de los préstamos que los Ayuntamientos que se acogieron al primero plan de pago a proveedores están asumiendo, que se situó en un 5,9 por ciento.
Para el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo De la Serna, los intereses que se están pagando por los préstamos vinculados a aquel primer plan de pago a proveedores resultan elevados en comparación con el que se está aplicando para planes posteriores por lo que, a su juicio, resulta una petición "justa". De la Serna ha defendido también como argumento a su favor que los ayuntamientos son las administraciones "más cumplidoras" con los objetivos de déficit y deuda establecidos.
REUNIÓN CON INDUSTRIA
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha acordado también pedir una reunión urgente con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, así como con los grupos políticos con representación en el Senado para trasladar el desacuerdo que existe en el mundo municipal con el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, en estos momentos, en trámite parlamentario.
La FEMP considera preciso que en el Senado se atiendan varias de sus peticiones pues la actual redacción del proyecto plantea unas cargas injustificadas sobre las entidades locales, "e incluso discriminatorias respecto por ejemplo de las redes de autoprestación de las entidades privadas".
Tampoco comparte la FEMP cómo se aborda el proyecto de ley las responsabilidades que tiene las entidades locales respecto de la utilización del dominio público, así como el modo en el que el proyecto incide sobre las competencias urbanísticas municipales en lo relativo a la seguridad de las instalaciones.
