Presidencia rechaza el "cataclismo" de PRC sobre la reforma local porque no se ha "cerrado ningún servicio"

Publicado 02/06/2014 20:10:31CET

Fernández asegura que el Gobierno "defiende y seguirá defendiendo" el proyecto de Bitrasvase del Ebro

SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Leticia Díaz, ha rechazado este lunes en el Pleno del Parlamento el "cataclismo" del PRC en torno a la reforma local, a raíz de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, porque desde la entrada en vigor de la nueva norma, hace casi seis meses, no se ha "cerrado ningún servicio".

"Su cataclismo no acaba de llegar", ha indicado Díaz al portavoz del PRC, Rafael de la Sierra, que ha hablado de "destrozos" en los servicios públicos a raíz de esta reforma, y ha puesto como ejemplos el "escándalo" de la Renta Social Básica o el cierre del Centro de Igualdad de Torrelavega. El regionalista ha vaticinado nuevos problemas y ha acusado al Ejecutivo regional de no estar adoptando ninguna medida, a diferencia de otras comunidades autónomas, ha apuntado.

Sin embargo, la titular de Presidencia ha asegurado que estos "cataclismos" no llegan "ni a resfriado", y ha censurado la "irresponsabilidad" del regionalista, al que ha acusado de "jugar a la confusión".

Así, ha indicado que pese a la reforma los ayuntamientos podrán desarrollar cualquier servicio siempre y cuando no afecte a la sostenibilidad financiera local y no existan duplicidades, de modo que -según ha asegurado- no se reducen ni pierden competencias municipales, sino que se mejora su gestión.

Tras tachar de "catastrofistas" a los regionalistas, a los que también ha acusado de estar "leyendo a parches" la norma, Díaz ha asegurado que el Gobierno cántabro no ha estado "de brazos cruzados", ya que todas las comunidades trabajan de manera coordinada con el Estado para una interpretación y desarrollo conjuntos de la norma. Además, el Ejecutivo regional ha atendido "todas" las cuestiones planteadas en torno a este asunto por los distintos ayuntamientos "con la máxima celeridad".

En este punto, la consejera se ha referido al Centro de Igualdad de Torrelavega, cuyo cierre está previsto para el próximo 6 de junio, fecha en la que concluye el contrato de adjudicación del servicio. Ha señalado que el Ayuntamiento planteó la "primera" consulta en torno a este centro el 19 de mayo, y ha subrayado que el Ejecutivo le dio "diez días después" la oportuna respuesta.

Después de preguntarse por qué el Consistorio no empezó a realizar las oportunas gestiones "en enero", Díaz ha acusado a PRC de "revolver" para generar "incertidumbre". El portavoz del Grupo Regionalista ha asegurado por su parte que la consejera no ha hecho "nada" en Torrelavega, salvo "echar la culpa al Ayuntamiento", de modo que si finalmente se cierra el centro, la "culpa" será de la consejera, le ha reprochado.

BITRASVASE EBRO

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria "defiende y seguirá defendiendo" el proyecto de Bitrasvase del Ebro, sobre el que desde hace seis meses pesa una sentencia de anulación, según ha recalcado el diputado socialista Miguel Ángel Palacio, que ha preguntado al Gobierno por la solución más aceptable y positiva para esta iniciativa.

Ante esta pregunta, Fernández ha precisado que el fallo contrario deriva de falta de motivación en la evaluación ambiental, especialmente en lo relativo a la Red Natura 2000, por lo que ha apostado por volver a tramitar este procedimiento, ya que "sobre el fondo del asunto -ha expresado- no hay mayor inconveniente". Así, no solo no tiene "ninguna duda" de que el bitrasvase se pueda legalizar, sino que cree que hay "razones sobradas" para ello, por lo que ha pedido a los socialistas que no sean "alarmistas", más cuando se trata de un proyecto "necesario para Santander y Cantabria".

En cuanto a la solicitud de Palacio de que el Gobierno regional llegue a acuerdos con Arca, promotora del recurso que dio pie a la sentencia que anula el proyecto, y actúe como interlocutor o intermediario entre ambas partes, el Estado y la asociación ecologista, el consejero ha anotado que con solo es posible llegar a acuerdos con este colectivo si "más tarde o más temprano" se ofrece la "demolición".

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