Cantabria quiere garantizar por ley los derechos de las personas con discapacidad y su inserción laboral

 

Cantabria quiere garantizar por ley los derechos de las personas con discapacidad y su inserción laboral

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Eva Díaz Tezanos y Mar Arruti
GOBIERNO DE CANTABRIA
Publicado 08/05/2017 12:54:30CET

   El Gobierno quiere marcar un "antes y un después" con esta normativa y ya tiene un anteproyecto que publicará en el BOC en los próximos días

   SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno regional (PRC-PSOE) quiere garantizar por ley los derechos de las personas con discapacidad, defender su autonomía y la permanencia dentro de su entorno, evitar su discriminación y mejorar su inserción laboral y cuenta ya con un anteproyecto legislativo que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que busca marcar un "antes y un después" para este colectivo.

   La vicepresidenta regional y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, y la presidenta de CERMI-Cantabria, Mar Arruti, han presentado este lunes, en rueda de prensa, este anteproyecto de ley, sobre el que se abrirá un plazo de información pública en el Portal de Transparencia del Gobierno y en el denominado Cantabria Participa, en los que se podrán realizar aportaciones para su posible inclusión en el texto.

   Entre ellas, Arruti, que ha realizado una valoración "satisfactoria" del anteproyecto de ley porque plasma la "mayoría" de las propuestas que CERMI le ha trasladado, ha reclamado la creación de un Consejo Autonómico de la Discapacidad que sea un órgano de participación de las personas con discapacidad y sus familias y vele por la aplicación de la ley.

   Según Díaz Tezanos, lo que se ha pretendido es elaborar una ley "transversal" con medidas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad en materias como salud, educación, empleo, protección social, justicia, ocio o cultura, entre otros, y faciliten su acceso a todos estos ámbitos en igualdad de oportunidades.

SANIDAD

   En el ámbito sanitario, por ejemplo, y "en función de los recursos disponibles", el texto señala que se promoverá la formación al personal sanitario en materia de discapacidad y se establecerán protocolos de comunicación de diagnósticos y y manuales de buenas prácticas de atención a este colectivo para que la información "sea adaptada a la persona según sus necesidades y situación de discapacidad".

   Se realizarán también medidas para prevenir la discapacidad, con actuaciones en embarazadas, así como programas y campañas de vacunación, detección precoz de neonatos en riesgo y diagnóstico neonatal y atención durante la infancua con respecto a alteraciones que puedan producir discapacidad.

   Además, con esta norma, se busca garantizar la atención temprana a los niños con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlos.

   También recoge el anteproyecto la realización de actuaciones específicas para este colectivo sobre salud sexual y reproductiva en ámbitos como la planificación familiar y el asesoramiento genético en grupos de riesgo, así como medidas dirigidas a la detección de situaciones de maltrato a las personas con discapacidad.

EDUCACIÓN

   Fuera del ámbito sanitario, el anteproyecto del Gobierno regional quiere garantizar una educación "inclusiva y de calidad" a las personas con discapacidad, así como una atención "específica" a sus necesidades.

   A través de esta norma, el Gobierno quiere fomentar la permanencia de este colectivo dentro del sistema educativo y, con este objetivo, prevé "medidas de flexibilización" en las distintas etapas formativoas, "cuando se considere necesario".

   Además, se quiere garantizar el acceso de alumnos con discapacidad en un centro ordinario, público o concertado, "con los apoyos necesarios", o también el derecho de la familia a optar por un centro de educación especial.

   El anteproyecto prevé también la puesta en marcha de medidas que mejoren la accesibilidad de estos alumnos con discapacidad en el entorno educativo y que faciliten el acceso al sistema educativo. También se garantiza la atención temprana a niños con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos.

   El anteproyecto prevé el fomento de la formación profesional de carácter dual para este colectivo, así como acciones formativas vinculadas a la obtención de certificados de profesionalidad que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al mundo laboral.

   En materia de empleo, el texto presentado hoy establece que el Gobierno regional "velará" por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad en el empleo con, entre otras, de "medidas de acción positiva" que impulsen su acceso al mercado laboral, teniendo, sobre todo, en cuanta la situación específica de las mujeres.

   Además, se establece que desde la Consejería de Empleo se promoverá que las empresas creen becas de prácticas para personas con discapacidad.

   Y es que Díaz Tezanos ha explicado que, entre los objetivos "prioritarios" del anteproyecto, figura el aumentar las tasas de actividad y de ocupación e inserción laboral de las personas con discapacidad y de aquellas con capacidad intelectual de grado límite que no alcance un grado de discapacidad del 33%.

   En el ámbito del empleo público, el anteproyecto incluye la obligación del Gobierno de Cantabria de establecer "al menos las cuotas de reserva para personas con discapacidad que se determinen en la normativa básica estatal".

   Se prevé la reserva de empleo público a través de la realización, "en función de los recursos disponibles", de "convocatorias y pruebas específicas para las personas con discapacidad".

   También en este anteproyecto de ley se obliga a que el Gobierno adopte "las medidas necesarias para promover el cumplimiento de las cuotas de contratación de trabajadores con discapacidad" en el sector privado que exige la legislación vigente y medidas para el fomento de la contratación.

   Además, se prevé la inclusión de cláusulas sociales ligadas a la discapacidad en la contratación pública.

   Así, se establece que el Consejo de Gobierno acordará la incorporación de los contratos públicos que determine, "cuando la naturaleza de éstos lo permita", de cláusulas sociales que den preferencia a empresas que incorporen mejoras sobre las exigencias legales de contratación a personas con discapacidad.

   Incluso, el anteproyecto prevé la fijación de porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en las adjudicaciones de determinados contratos a centros especiales de empelo y a empresas de inserción a condición de que el 70 por ciento de las personas empleadas en ellos sean personas trabajadoras con discapacidad o riesgo de exclusión social.

   Además, hay un capítulo del anteproyecto que establece que los poderes públicos adoptarán políticas de apoyo para personas con discapacidad y sus familias "que contribuyan a paliar los sobrecostes ocasionados por su discapacidad en los términos que establezca la legislación específica".

UN TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADO EN JUSTICIA

   También hay medidas dirigidas a promover la accesibilidad de este colectivo y, en materia de justicia, el anteproyecto prevé la creación de un turno de oficio especializado de atención a personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental beneficiarios de la justicia gratuita, para su representación y defensa en juicio en los asuntos directamente relacionados con la discapacidad.

   El anteproyecto también cuenta con un régimen de infracciones y sanciones, con multas que van desde los 301 euros para las leves hasta los 600.000 para las muy graves.

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