Experta dice que la imposibilidad de registrar a bebés de vientre de alquiler resulta un "limbo jurídico"

Inauguración del curso
UC
Publicado 07/07/2014 13:41:00CET

La profesora de la UC Silvia Tamayo coordina esta semana un curso sobre 'Género, sexualidad y reproducción' en la sede de Santander

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria (UC), Silvia Tamayo, se ha referido este lunes a la sentencia dictada el pasado mes de febrero por el Tribunal Supremo en la que se niega la inscripción en el registro civil a los niños concebidos mediante un vientre de alquiler, situación que calificó como "limbo jurídico" y ante la que ha señalado que "lo más importante es que se otorgue seguridad a las relaciones entre las personas"

Tamayo dirige esta semana ante 60 alumnos el Curso de Verano UC 'Género, sexualidad y reproducción', donde aseguró que en lo relativo a estos derechos "vamos de un criterio biologista a otro donde se da refuerzo a la voluntad a la hora de tener hijos", por lo que si este es el principio que se sigue con la adopción y con las técnicas de reproducción asistida, "no queda más remedio", a su juicio, que trasladarlo también al caso "de los vientres de alquiler".

"Lo que necesitamos y lo que esperamos es se haga una reforma global de la afiliación en función de los cambios a los que estamos asistiendo" y que "se pongan en conexión los criterios de voluntad de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida del 2006 y los del Código Civil, que se basan en lazos biológicos", añadió Tamayo.

En este sentido, la también profesora de Derecho Civil de la UC, Laura Fernández Echegaray, se mostró partidaria de la regulación de los vientres de alquiler, ya que, según sus palabras, ahora mismo "si una mujer tiene un útero sano pero un problema de óvulos, puede acudir a un centro de fertilidad con un óvulo donante, y ser madre biológica a todos los efectos", mientras que "si esa misma mujer tiene óvulos sanos pero un útero que no agarra, no puede ser madre de un hijo propio".

Fernández Echegaray se hizo eco asimismo de "la tarea considerable" que llevaría consigo legislar sobre este tema, y se refirió a hipotéticos problemas que podrían surgir, como que "la madre gestante dijera que interrumpe el embarazo -aunque el óvulo que lleva no es de ella-, o que el niño venga con malformaciones y los padres no lo quieran", cuestiones a las que también habría que "dar respuesta".

REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Silvia Tamayo explicó que la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida que existe ahora mismo en España es "una de las legislaciones más avanzadas", ya que "cuando se planteó, fue muy amplia" al "recoger en su articulado la posibilidad de que toda mujer con independencia de su estado civil y orientación sexual tuviera la posibilidad de acceder a este tipo de prácticas", lo que no sucedía en países como Francia o Italia.

Sin embargo, y pese a que la teoría señala que las mujeres solas o lesbianas pueden adherirse también a las técnicas de reproducción asistida, la experta subrayó que en la práctica "parece que se exige tener un problema de esterilidad para que la sanidad pública lo financie", cuestión que genera "críticas" entre los sectores anteriormente citados ya que se les está "obligando a tener a un varón al lado para poder ser madres".

"De esta manera", continuó Tamayo, "lo que hacemos es, de alguna forma, mantener ese modelo de familia patriarcal donde la mujer necesita siempre de un hombre junto a ella para poder ser madre".

Esta interpretación de la ley de 2006 puede provocar, según manifestó la docente, "miedo" a que "los derechos reproductivos dejen de ser derechos como tales para convertirse en privilegios", puesto que los precios de los tratamientos de reproducción asistida en centros privados "varían de los 2000 a los 8000 euros", por lo que "solo las personas que tengan capacidad económica podrán acceder a ello".

A la inauguración del seminario 'Género, sexualidad y reproducción' también asistieron la directora general de Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno de Cantabria, María Isabel Gómez-Barreda, y el vicerrector de Relaciones Institucionales de la UC, Juan Enrique Varona.

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