El Congreso, dispuesto a tramitar la ILP del CERMI sobre copago en dependencia

Fachada Del Congreso De Los Diputados
EUROPA PRESS
Publicado 27/04/2016 17:27:17CET

"Es la primera vez que llega al Parlamento una ILP de cuestiones estrictamente de servicios sociales", destaca el CERMI

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno, por unanimidad, a tramitar en la Cámara Baja la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y cuyo objetivo es cambiar el actual "copago confiscatorio" en dependencia.

Eso sí, habrá que esperar a la previsible nueva conformación de las Cortes tras las elecciones de junio, ya que este tipo de iniciativas no decaen con la disolución del Parlamento, prevista para el próximo día 3 de mayo (de no haber un acuerdo de investidura 'in extremis' antes del lunes).

En ella se propone la modificación de la actual Ley de Dependencia, "de manera que se establezcan unos criterios justos de copago que no expulsen a las personas en situación de dependencia de la protección social".

740.000 FIRMAS CONSEGUIDAS

Al tratarse de una ILP, ésta necesitaba recabar 500.000 firmas para poder ser tramitada en el Congreso. La petición consiguió un total de 740.000 firmas, según ha asegurado en su intervención este miércoles en la Comisión de Sanidad el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez. Tras superar la cifra requerida fue calificada por la Mesa de la Cámara al inicio de esta legislatura.

Así, este miércoles los portavoces del PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad (DL) y PNV han respaldado la admisión a trámite de la misma, y como proposición de ley; una votación que deberá efectuarse en el Pleno de la Cámara Baja, aunque ya en la próxima legislatura, para proseguir con su trámite parlamentario como cualquier otra iniciativa legislativa.

"Es la primera vez que llega al Parlamento una ILP de cuestiones estrictamente de servicios sociales y hay que congratularse por ello. Para el movimiento social de la discapacidad supone un hito de la Historia reciente social que no puede ser desconsideraro, sólo por responder a este anhelo de cambio debería merecer el respaldo a la toma en consideración de la iniciativa", ha defendido Pérez.

En su opinión, el copago que puso en marcha la Ley de Dependencia hace diez años es uno de los elementos "más negativos, paralizantes y perturbadores" para el despliegue de la norma y ha llevado a la "sensación generalizada de fracaso" del sistema.

De hecho, ha criticado que este "copago exacerbado y confiscatorio" carece de una normativa estatal que lo regule, ya que sólo cuenta con un "mero acuerdo" del Consejo Territorial de Dependencia, lo que entre otros puntos ha favorecido las desigualdades entre comunidades autónomas, de forma que en algunas es gratuito y en otras alcanza el 90% de la prestación o servicio.

"Se ha tratado muchas veces de la compra de un derecho y no de la provisión por parte de la administración de un derecho", ha apostillado.

A su vez, ha avisado de que muchas personas con derecho a recibir una prestación por dependencia "han sido expulsadas" del sistema por no poder hacer frente al pago del copago ante la falta de recursos, a la vez que ha alertado de que el copago en dependencia "ha irradiado y contaminado" otras prestaciones sociales que no lo tenían o no en tal "intensidad y rango".

PROPUESTAS

Por ello, el presidente del CERMI ha recalcado que esta proposición de ley tiene por objetivo establecer unos criterios básicos sobre la capacidad económica de los beneficiarios que sea igual para todas las administraciones, y con el horizonte puesto en la gratuidad del sistema.

Según ha defendido, estos criterios legales mínimos en materia de copago pasan por establecer una exención del 2,5% del IPREM 2016 para todo tipo de prestaciones y servicios del sistema, incluido el residencial.

A su vez, quiere que se limite la aportación máxima del beneficiario al 60% del precio de referencia del coste o servicio que reciba; que se preserve siempre el 40% del IPREM correspondiente como renta disponible para la persona, o lo que es lo mismo, que la persona beneficiaria disponga de este porcentaje en "dinero de bolsillo" para poder proveerse de sus propias necesidades.

Otra de sus propuestas es incluir como nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la persona la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia, ya que actualmente no hay criterios, y también tener en cuenta si la dependencia se va a prolongar en la vida de la persona.

Es más, considera que la admisión a trámite de la iniciativa supone "una oportunidad perfecta" para mejorar la Ley de Dependencia en el trámite de enmiendas y tras diez años en marcha, para que no siga siendo una herramienta de enfrentamiento político.