Los convocantes cree que el seguimiento rondará el 70% entre los jueces y el 80% entre los fiscales
SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -
Un total de 42 jueces de los 81 destinados en Cantabria, el 52% del total, habían notificado a las dos de la tarde su decisión de secundar la jornada de huelga convocada por las asociaciones judiciales en todo el país, que ha motivado la suspensión este martes de alrededor de 80 actuaciones entre diligencias, declaraciones, vistas y otros señalamientos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
Según los convocantes, el seguimiento de esta huelga, la primera convocada conjuntamente por todas las asociaciones de jueces y fiscales, ha sido del 70% entre los primeros y del 80% entre los miembros del Ministerio Fiscal.
Así lo ha estimado en declaraciones a los medios el juez decano de Santander, Jaime Anta, quien se ha mostrado convencido de que "casi con toda certeza va a ser la huelga judicial con mayor seguimiento de la historia de Cantabria".
En la concentración que han celebrado a mediodía en el patio del complejo judicial de Las Salesas, jueces y fiscales han estado arropados por las juntas directivas de los colegios de abogados y procuradores de Cantabria.
El juez decano de Santander ha estado acompañado por los portavoces de todas las asociaciones de jueces y fiscales en Cantabria: Amaia Merchán, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura; Esther Castanedo, de Jueces para la Democracia; Patricia Bartolomé, del Foro Judicial Independiente; Raquel García, de la Asociación Francisco de Vitoria; Maite González Moral, de la Asociación Fiscal (AF); y Jesús Arteaga, de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
Todas las asociaciones de jueces y fiscales coinciden en que desde que iniciaron las movilizaciones el 5 de abril "no se ha avanzado absolutamente nada" y no se han atendido sus reivindicaciones para el reforzamiento de la independencia judicial; la modernización de la Administración de Justicia para dotarla de una mayor eficacia y celeridad; la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial y fiscal; y la derogación de los plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios.
También piden el refuerzo y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal y la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía del Estado.
Los convocantes sostienen que en los diez últimos años, tras las movilizaciones que culminaron con sendas huelgas judiciales en el año 2009, "no se ha avanzado nada" en la modernización y consiguiente agilización de la Administración de Justicia.
Según han explicado, en Cantabria hay unos 80 jueces-magistrados y 28 fiscales, y haría falta un 50% más en ambos colectivos.
En el conjunto del país, destacan que hay 5.600 jueces-magistrados y se necesita "el doble" para cumplir el estandar medio de la Unión Europea, que se sitúa en 21 jueces-magistrados por cada 100.000 habitantes, mientras que en España está en 11.
Por su parte, la Asociación Fiscal (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) piden la creación de unas 300 plazas más en tres o cuatro años, a sumar a las 2.500 actuales, siempre y cuando no se materialice "la hipótesis de pasar la instrucción al fiscal".
El juez decano de Santander, Jaime Anta, ha leído un manifiesto en el que se denuncia que no existe ninguna voluntad política por mejorar el funcionamiento de la Justicia, y se reiteran las reivindicaciones de jueces, magistrados y fiscales para poder trabajar en condiciones que les permitan dedicar a casa asunto el tiempo y estudio que merece, y ofrecer un servicio de calidad, de tramitación y respuesta eficaz y ágil.
En este manifiesto, los jueces decanos denuncian que la Justicia sigue siendo "la hermana pobre" de las administraciones públicas, que se la mira "con desdén" a pesar de que ser uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho y de que por los juzgados pasan todos los conflictos sociales.
En su opinión, "es evidente que la Justicia no interesa a los sucesivos gobiernos, tampoco al actual". Los jueces decanos piden compromiso y voluntad a los responsables políticos, a los que emplazan a evitar situaciones como la de la fallida subcomisión del Congreso para un pacto de Estado por la Justicia.
PROPUESTAS
Los jueces y fiscales reclaman la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, un plan de inversión prolongado con incremento de la planta judicial y fiscal y creación de 300 plazas anuales durante cuatro años, dotación de medios necesarios para la lucha contra la corrupción y para poder aplicar con una mínima seriedad y eficacia las nuevas leyes procesales como el estatuto de la víctima.
Asimismo, piden la determinación de la entrada máxima de asuntos por juzgado o tribunal para garantizar un trabajo judicial ágil y consiguiente creación de órganos judiciales suficientes, dignificación de la situación de los jueces de las nuevas promociones, adecuado proceso de digitalización para ayudar al juez en su trabajo en lugar de dificultarlo, eliminación de los recortes que se han llevado a cabo durante la crisis en materia retributiva, vacaciones y permisos, etc.
