El abogado imputado en 'Trigo Limpio' niega haber cobrado comisiones

 
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El abogado imputado en 'Trigo Limpio' niega haber cobrado comisiones

Declaración del abogado imputado en la operación 'Trigo Limpio'
EUROPA PRESS
Actualizado 08/11/2016 11:35:38 CET

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado imputado en la operación 'Trigo Limpio' por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental, Rodolfo M.P., ha declarado este lunes que jamás se ha dedicado a la intermediación inmobiliaria, y que "nunca y en ningún caso" ha cobrado comisiones por operaciones de compraventa.

Rodolfo M.P., que es uno de los dos principales acusados en este proceso, ha declarado que su labor era "estrictamente de abogado", que se dedicaba a redactar contratos de compraventa, comprobar escrituras y fichas urbanísticas y redactar facturas de empresas como Minalcom y Arroyo de Aguanaz, de las que era administrador único, José Angel C.I., que no está acusado por padecer una enfermedad degenerativa.

En su relato, el fiscal sitúa a Rodolfo como "eje y referente de un plan" ideado para ofrecer a personas físicas o jurídicas dedicadas al tráfico inmobiliario de todo tipo, una fórmula que les permitiera eludir el pago de impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades, a través de empresas "pantalla" o "tapadera", y a cambio de una contraprestación económica, que generalmente consistía en un porcentaje de participación en las comisiones o ganancias derivadas de las operaciones inmobiliarias.

En el caso concreto de José Angel C.I., que según la Fiscalía ejercía el papel de "testaferro", el abogado ha señalado que redactaba las facturas que éste le indicaba, que se limitaba a transcribirlas siguiendo sus indicaciones, que las únicas instrucciones que le dio son las que le correspondían como abogado, y que guardaba documentación de su cliente en su despacho porque éste "no tenía espacio".

La fiscal le ha replicado que en una de las conversaciones telefónicas intervenidas, parece que es el abogado quien da indicaciones a José Angel de lo que tenía que hacer y decir. Rodolfo ha respondido que a su cliente "no le mandaba nadie", que "hacía lo que quería y cuando quería".

También ha declarado que tenía "capacidad y recursos" para llevar una sociedad como Minalcom, a la que se imputan ventas por más de cuatro millones de euros en tres años. "Para eso solo hace falta tener cabeza y contactos, y los tenía", ha afirmado el abogado tras señalar que José Angel puso encima de la mesa en una notaría 2,4 millones de euros".

En esa misma línea, ha opinado que su cliente "faltó a la verdad" cuando testificó en sus declaraciones en sede policial y judicial que "andaba apurado de dinero", porque durante la instrucción se ha visto que "este señor tenía en el banco más dinero que yo y que la mayor parte de los que estamos aquí", ha dicho en alusión al resto de los acusados en el juicio de la operación 'Trigo Limpio'.

En total hay 12 acusados para los que la Fiscalía pide penas que suman más de 70 años y multas millonarias. Para Rodolfo M.P., considerado por la fiscalía como el 'ideólogo' de la operación, pide 25 años y una multa de 2,35 millones de euros.

Su abogado ha solicitado en la sesión matinal la nulidad de las escuchas telefónicas autorizadas en su día por el juez instructor, hace casi 10 años, así como el conjunto del procedimiento, en el que también está personada la Agencia Tributaria, pero la titular del Juzgado de lo Penal nº 3 ha desestimado dicha pretensión.

El resto de los acusados declararán este martes, empezando por el segundo principal acusado, José Antonio L.G., para quien el fiscal pide 27 años de cárcel y multa de 2,35 millones.

ESCUCHAS TELEFÓNICAS

En atención a las cuestiones previas planteadas por el fiscal y las defensas, que han consumido las tres primeras horas de la vista, la jueza ha acordado alterar el orden previsto y comenzar no por la declaración de los acusados, sino con la audición de las escuchas telefónicas y la lectura de las declaraciones efectuadas ante la policía y el juez instructor por un acusado fallecido, Antonio L.G.; y de la persona que ejerció como "testaferro" y administrador de muchas de las empresas "tapadera", José Angel C.I., cuya causa fue archivada por padecer alzheimer.

En esas declaraciones, José Angel testificó que era el administrador de cuatro empresas aunque "han podido falsificar su firma en otras"; que sólo firmaba facturas, que por ello le daban "propinas de 500 euros o más"; que iba al banco con el abogado a cobrar talones y le daba el dinero; que "tenía situación de hambre y de algo tenía que vivir"; que con lo que le daban por hacer estos trabajos y su pensión de 600 euros "empezó a respirar"; y que le han tratado "siempre bien".

El testaferro, que vivía de alquiler en un bungalow en Laredo, señaló también que le utilizaban porque "daba menos el cante", y que Rodolfo, el abogado, "era el único que tenía personalidad para que las cosas marcharan bien". Añadió que no era informado del volumen económico de las operaciones, y que "podía sospechar" que se trataba de sociedades "inexistentes" pero "no tenía ni idea".

Por su parte, el acusado fallecido, Antonio L.G., que era administrador mancomunado de una sociedad junto con otro de los principales acusados, José Antonio L.G., testificó en el año 2007 que él solo era un "hombre de paja", y que "lo gordo" lo hacían su socio José Antonio y el abogado, que eran quienes "llevaban las facturas" junto con José Angel C.I.

Antonio L.G., para el que la fiscalía solicitó inicialmente diez años de cárcel, declaró también que no tenía una asignación fija, que participó en cuatro operaciones de compraventa de fincas en Pontejos, Peñacastillo y Cacicedo, y ganó con ellas 16 millones de pesetas que no declaró. Como ejemplo afirmó que compraban una finca por la mañana por 480.000 euros y la vendían por la tarde por 901.000.

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